Insólito: Una juez funge de legisladora negativa

Insólito: Una juez funge de legisladora negativa

Cuando la democracia es víctima de los grupos de poder que pretenden hacer prevalecer sus intereses políticos y económicos a costa del Estado de derecho, es el momento en que los pilares de sustentación del sistema se derrumban con el riesgo de convertir al país en escenario de caos, donde las decisiones fácticas se imponen a las de orden legal, la seguridad jurídica se extingue, la suerte de un país se decide de acuerdo a quien tiene más influencia en los estrados judiciales y la Fiscalía.

En los últimos días una juez de Lima se arrogó funciones de autoridad supra legislativa, para ordenarle al Congreso de la República que deje de cumplir su función constitucional de aprobar leyes, una prueba ostensible de que, en este país cualquier autoridad puede actuar atropellando el Estado de derecho, con la seguridad de que no será accionada legalmente porque sus resoluciones son promovidas por grupos de interés político y económico que la protegerán frente a cualquier intento de someterla a la justicia.

El Perú se está convirtiendo en país “macondiano”, acontecen las cosas más insólitas que, en un sistema democrático normal, no deberían acontecer. Llegar al extremo donde una juez se ponga de manera fáctica por encima del Congreso de la República y le prohíba cumplir la sagrada misión encomendada por el artículo 102 numeral 1 de la Constitución Política del Estado, de dictar leyes o derogar las existentes, es el extremo que nunca se debió permitir, porque ello implica romper el sagrado principio constitucional de independencia de poderes. Nuestra “Carta Magna” no prevé la subordinación de un poder a otro.

El 13 de julio del año en curso, el Congreso de la República, por amplia mayoría, aprobó la Ley que restituye la Autonomía Universitaria, modificando determinados artículos de la Ley 30220, en aras de la institucionalidad de las universidades con un funcionamiento más transparente y democrático de la Sunedu, culminando con la aprobación de la Autógrafa de Ley por Insistencia. Sin embargo, 5 días después de la aprobación de la norma, se publica una sentencia dictada por una juez de Lima que atendió la demanda de amparo interpuesta por la Sunedu contra el Congreso de la República, a través de la cual se pretende establecer la nulidad del procedimiento legislativo que culminó con la aprobación de la nueva ley.

La írrita sentencia dictada por el Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, implica el flagrante delito de prevaricato en que incurrió la juez de la causa, porque, de acuerdo al artículo 200, numeral 2 de la Constitución Política del Estado, dice: “La Acción de Amparo… No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular”. Es más, el único procedimiento que rige contra una ley para dejarla sin efecto es la acción de inconstitucionalidad, como se señala en el numeral 4 del mismo artículo que establece: “La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley… que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo” .

Se advierte por tanto que la juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional actuó sin tener jurisdicción ni competencia para emitir el fallo en cuestión, por lo que la pretensión de la Sunedu y de los grupos elitarios de poder económico y político que la respaldan carecen de legitimidad.

Es momento de restituir el Estado de derecho en el país, la publicación y posterior implementación de la ley es la respuesta más idónea sobre este caso, así como la respectiva demanda penal contra la juez por el delito de prevaricato. Es insólito, una juez funge de legisladora negativa.

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