A una semana de las elecciones presidenciales, la mafia brasileña que saqueó a nuestro país sigue metiendo la mano en nuestra política interna. Por eso es vital que los candidatos expresen claramente su distancia de ese cártel y sus pares peruanos, así como las medidas a tomar para recuperar los miles de millones de dólares de sobrecostos.

De otro modo solo tendremos más de lo mismo: putrefacción, envilecimiento, más miseria y será imposible no seguir en las garras de aquella condena referida por el ex ministro de Justicia Daniel Figallo revelada a la ex procuradora Yeni Vilcatoma: “¿Sabes quién es Odebrecht? Odebrecht pone y saca presidentes, es dueño del Perú y de Latinoamérica”. Y en esas, al parecer, seguimos porque esa mafia tiene alfiles en las principales planchas. El candidato Rafael López Aliaga (R) ha sido hasta ahora el único en pronunciarse abiertamente contra Odebrecht y los suyos. No se entiende por qué Keiko Fujimori (K) no se apura en hacer lo mismo.

La profunda corrupción y desvío de miles de millones de dólares de tal mafia, desde tiempos del beodo Toledo -con un receso durante el segundo alanismo- es parte de la razón por la que estamos como estamos y por la cual no se inaugura una sola obra de infraestructura de salud, mejoran las postas, amplían hospitales, garantizan el oxígeno medicinal y se tiene dinero disponible para la compra de vacunas efectivas. Keiko necesita irse contra esta gentuza, con la misma rotundidad que ‘el tío Porky’.

La señora Keiko Fujimori no tiene vínculo alguno con la podredumbre brasileña ni sus pares locales. Esto a diferencia del morbosito Lescano, cuyo segundo vicepresidente fue director de Upacá, empresa consorciada con la porca OAS. Forzay, ‘pony de la progresía y la corrupción’, tiene por primera vicepresidenta a una conocida villaranista y suegra de un investigado por coordinaciones con una de las empresas mafiosas investigadas. Esto para no mencionar a Carlos Bruce, ministro de Vivienda de Toledo y de PPK, en plena corruptela brasileña. El brillante economista Hernando de Soto yerra al defender a Odebrecht en nombre de la inversión privada, cuando la realidad está cercado por Miguel Vega Alvera, gran lobbista de los intereses brasileños.

Cuando en 2016 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos impuso a Odebrecht S.A. una multa de U$ 3.5 mil millones. por pagar coimas millonarias a funcionarios gubernamentales, el subprocurador general adjunto Sung-Hee Suh, de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, dijo: “Un acto tan descarado requiere una respuesta contundente por parte de las fuerzas del orden”. Eso es decencia.

Los constructores de la internacional de la inmundicia no deben volver a contratar con el Estado y deben indemnizar al Perú con una suma multimillonaria por el daño moral, material y espiritual generado. El silencio no cabe. Los que no la deben, deslinden, ¡ya!

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