Soluciones para mejorar los bajos índices de medición del “valor social” del Desarrollo Económico se han dado varias. Jeffrey Sachs, asesor de la Naciones Unidas, en su libro “El fin de la pobreza” sostiene la necesidad de aportes de recursos de los países ricos. Pero, William Easterly de la Universidad de Nueva York en su libro “En busca del crecimiento”, junto con Dambisa Moyo en su libro “Dead Aid”, sostienen que lo de Sachs no es viable: “La mejor opción para los países pobres es apoyarse en la idea de que cuando los mercados son libres y los incentivos adecuados la gente puede encontrar solución a sus problemas sin necesidad de limosnas del extranjero ni de sus propios Gobiernos”. (A. Banerjee y E. Duflo. Repensar la Pobreza. p. 20). Y el mismo Easterly dice: “la gente responde a incentivos, como principio básico de la economía”.

Banerjee y Duflo sostienen: “Hasta las políticas mejor intencionadas y elaboradas con el mayor cuidado pueden carecer de impacto si no se llevan a cabo adecuadamente. La distancia entre la intención y la puesta en práctica puede ser bastante grande, por desgracia”. (p. 291). Es por ello que los hacedores de la política de Desarrollo Económico buscan el lograr un buen “balance” entre la eficiencia económica y los objetivos sociales. Un país que casi ha logrado este objetivo es Alemania, donde: “El sistema alemán de economía política trata de balancear los asuntos sociales y la eficiencia del mercado” (R. Gilpin).

Además, en el diseño de estrategias de Desarrollo, se sostiene: “Es necesario lograr igualdad de oportunidades para todos”, pero, como dicen Banerjee y Duflo, ello puede carecer de impacto si no se lleva a cabo adecuadamente, ya que la gestión y los incentivos no son solo materia de disposiciones, sino lo importante es conseguir el “Acceso” que se define en el DRAE como “Acción de llegar o acercarse. Entrada al trato o comunicación con alguno”.

Nuestra Constitución establece “oportunidades” que nos brinda el Estado dentro de los derechos de la persona y los fines de la sociedad, pero habría que preguntarnos si ello implica el mismo “acceso” igualitario o estamos sujetos a la capacidad de gestión del Estado, a la existencia de reglamentación controlista, a la presencia de tramitología abundante con licencias previas, revisiones, inspecciones, multas y hasta donde se considera la “consulta previa” como una “licencia social” en absurda interpretación del Convenio 169 de la OIT y, por último, y lo más dañino, el acceso “privilegiado” del bien relacionado y la “compensación” por aprobación de contratos.

En años recientes, y en el ánimo de conseguir mejor “acceso”, se ha tratado de “acercar” los servicios básicos del Estado hacia las poblaciones más alejadas y vulnerables de nuestro país y para ello se han construido los denominados “tambos” del “Programa Nacional País” del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS, que son plataformas fijas que cuentan con diversos servicios como dormitorios, espacios para reuniones con capacidad hasta de 100 personas, laptops y proyectores, comedores, salas, oficinas y hasta enfermería y conexión a internet. A la fecha, existen 414 tambos en 22 departamentos del país y atienden a más de 12,000 centros poblados rurales en su “acercamiento” a “ciertos” servicios del Estado.

En el campo de la comunicación fluvial, se han establecido, asimismo, “5 Plataformas Itinerantes de Acción Social”-PIAS, creadas en el 2013 y que son el Napo, Morona, Putumayo I, Putumayo II que navegan la cuenca del río Amazonas y la PIAS Lago Titicaca, que opera en dicho Lago en Puno. (https/andina.pe).

Para lograr mejor acceso, se propone crear el “Programa Rural Integral”-PRI:

1.- Usar la ubicación de los actuales “tambos” y alrededor de ellos, hacer circuitos con vehículos motorizados (pick ups) para acercar y dar mayor  “acceso” a las poblaciones alejadas en atención de la salud pública (vacunas, atención a madres y niños: anemia) y la educación (inicial y cultura alimenticia) para comenzar, y una vez organizados, otorgar asistencia técnica en acuicultura y agricultura con fines empresariales.

2.- En el segundo Gobierno del Presidente Belaunde, el Ministerio de Agricultura operó un servicio denominado CESPAC que tenía 130 camionetas para dar asistencia en los lugares más alejados del país. Pero, el centro de distribución y abastecimiento estaba en Lima. Hoy día, los tambos servirán para almacenar medicinas, equipos, mantenimiento de vehículos y, especialmente, de alojamiento a los operadores del programa.

Las camionetas del programa, cuyo número no será menor a 500, deberán ser alquiladas (leasing) para así asegurar el mantenimiento y renovación. Este número está en proporción a los 414 tambos, aunque la repartición debe ser por necesidad logística de presencia y de atención poblacional.

Como ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), Nobel de la Paz 2020 y que atiende a 97 millones de personas en 88 países, utiliza “5,600 camiones, 30 barcos y cerca de 100 aviones para transportar millones de raciones diarias de alimentos” (A. Miranda Eyzaguirre. Expreso. Oct 24-20).

3.- Para el sector educación, desde el inicio, debería gestionarse bajo el sistema de Gobierno a Gobierno el comprar 1 millón de “tablets” para ser entregadas a los alumnos de las zonas que se atienda.

4.- El PRI debe ser operado bajo el sistema de “Cooperación Popular” donde alumnos de las escuelas de medicina, educación, pesca y agricultura puedan realizar prácticas con compensación de créditos en sus cursos. Estos alumnos deberán tener enlace virtual con los centros médicos y universitarios cercanos para consultas. Es necesario fomentar en los alumnos la vivencia de la realidad y, especialmente, la ayuda a los más necesitados.

5.- Para atender todo ello, del crédito del Tesoro con la emisión de Valores en la Bolsa de Lima y su consiguiente compra por parte del Banco de Reserva o del público en general, nos quedan 500 millones de soles, luego de la asignación enunciada en artículos anteriores. Este dinero debe servir para abastecer los tambos, en medicinas, alimentos, instrumentos tecnológicos de asistencia técnica, conectividad virtual con centros poblados para coordinación de los operadores del sistema. Y, asimismo, para potenciar las embarcaciones fluviales del programa PIAS.

“La justa previsión de un destino común permite unificar el esfuerzo e infundir en la vida social normas superiores de solidaridad” (J. Ingenieros)

JUAN CARLOS HURTADO MILLER