Columnista - Isaac Humala Nuñez

¿A cinco días de la revolución etnonacional?

Isaac Humala Nuñez

15 may. 2019 02:40 am
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El próximo lunes mayo/20/2019 vence el plazo para que el Estado, en este caso el Poder Judicial, archive las denuncias penales a casi 800 comuneros de Cotabambas por los conflictos sociales del 2011 hasta hoy.

De no archivarlos, el martes 21 se reanudaría el bloqueo de la minera transnacional china MMG Limited; segunda mina cuprífera del mundo y la principal del Perú.

El archivamiento procede de pleno derecho y de oficio; pues las protestas sociales son delitos social políticos contra el Estado, mas no delitos comunes.

Los delitos político sociales están tipificados en la Constitución. Su Artículo 45: Rebelión y Sedición. Su diferencia está derivada al Código Penal. Rebelión, artículo 346, desconocimiento total del Gobierno, penalidad 10 a 20 años. Sedición, artículo 347, desconocimiento de parte del gobierno, penalidad 5 a 10 años. Ambos son alzamientos armados. Alzamiento sin armas es motín, artículo 348, penalidad 1 a 5 años.

Si estos tres delitos no van hasta sus últimas consecuencias, están exentos de pena sus participantes, excepto sus promotores, a la mitad de las penas respectivas (artículo 349).

El bloqueo o desbloqueo es del corredor minero de 500 km, de Cotabambas a Matarani, compromete a todo el sur peruano. El norte peruano está virtualmente alzado, cerrados los yacimientos petrolíferos, bloqueado el oleoducto y el Gobierno en un despelote entre sus poderes.

El Poder Judicial puede ser el fulminante del estallido social si en los cinco días que faltan no cumple con el archivamiento al que se ha comprometido el Ejecutivo en el diálogo que dirige el Episcopado como mediador.

¿La fuerza armada y la Policía osarán masacrar al pueblo? ¿La tropa, los licenciados y el etnocacerismo y la oficialidad obedecerán a sus generales?

O por el contrario, para mantener la legalidad y legitimidad, obligarán al presidente Vizcarra o a quien esté en el cargo, a restablecer la Constitución patriótica de 1979 de Haya de la Torre, conforme a su Disposición Final: “Artículo 307.- Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto al que ella misma dispone. En estas eventualidades, todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

“…Los responsables serán sancionados y los bienes que hayan robado serán recuperados” (laconizado).

Extrañamente: absoluto silencio de la prensa, pero la revolución patriótica marcha en silencio pero con gran eficacia.

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