Columnista - Isaac Humala Nuñez

Antiminería en Perú

Isaac Humala Nuñez

19 jun. 2019 02:40 am
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Son dos los problemas esenciales del Perú: la corrupción y la traición. Está por definirse, cuando mucho la tercera semana de julio próximo, si se pasma o no la investigación por corrupción-lavado de activos y, por otro lado,  ya empezó, al más alto nivel intelectual, el debate de la minería a tajo abierto.

Es decir, si el presidente Vizcarra no disuelve el actual Congreso, sin estabilidad, no podrá arreglar en paz social el problema de la soberanía del Perú vejada por la minería a tajo abierto.

En efecto, la facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM realizó el 7 del presente mes el foro: “Conflictos sociales en la minería peruana”. Allí, entre otros aspectos, se puntualizó:

1.- La minería por vetas (subterráneo) no se contradice sino complementa con la actividad agropecuaria.

2.- La minería artesanal es refugio del desocupado y con sus metales físicos se remplazarían los billetes de euros o US$ (papeles) como respaldo del sol peruano en el BCR a cuyo efecto se comprarían los metales a precio internacional vigente con premio del 20 % para cubrir el registro en planillas y respaldar la tecnificación, cubrir su CTS y seguridad.

Lo puntualizado significa que la política “anti” es exclusivamente contra la minería a tajo abierto, porque:

1.- Es de lesa naturaleza porque en cada mina se procesa un promedio de 100 millones de toneladas métricas de tierra con el triple de agua con cianuro.

2.- Contamina cuencas de lagunas, ríos superficiales y subterráneos y mares costeros, anulando toda existencia vegetal, animal y humana.

3.- Veja la soberanía nacional al imponer privilegios especiales denominados Contratos-Ley: las transnacionales no pagan impuestos mientras no recuperen el capital invertido, el único impuesto que pagan es el impuesto a la renta y la regalía. El Estado paga el canon minero.

4.- Es propietario exclusivo del mineral extraído.

5.- Miles de policías y militares del Estado, el Gobierno los alquila como guachimanes.

En resumen, es el poder de hecho de los privados transnacionales (del exterior) sobre la nación peruana, cuyo gobierno es su mayordomo.

Lo expuesto significa que esta antiminería es legítima, profundamente patriota. Inevitable la liquidación de esta minería a tajo abierto. Mejor resolverlo con el modelo boliviano, sin sangre, pura razón. En el caso peruano es mucho fácil: un decreto de urgencia restableciendo la Constitución legítima de 1979 de Haya de la Torre y botando al basurero histórico la fuji Constitución delincuencial.

Todo esto puede realizarlo únicamente un gobierno fuerte, respaldado por los peruanos con uniforme y sin uniforme.

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