Isaac Humala Nuñez

Isaac Humala Nuñez

LA COLUMNA DE DON ISAAC

Acerca de Isaac Humala Nuñez:



Encarcelan a autoridades legítimas

Autoridades designadas encarcelan a autoridades elegidas. Estas últimas tienen legitimidad de origen, pues fueron directa y personalmente elegidas por la población y confirmadas por resolución de la máxima autoridad electoral. Aquellas: fiscales y jueces, no necesitan de legitimidad, pues es suficiente su nombramiento mediante concurso, gestión o “vara”. Tienen legalidad. No necesariamente legitimidad.

Aymarazo.- En Puno, 2011, la corrupción y el abuso de las autoridades legales (burócratas) causaron un alzamiento social. Hubo muertos y heridos solo en el lado de los amotinados y ninguno de la fuerza pública. 30 procesados como delincuentes comunes, entre ellos, Walter Aduviri.

En estas condiciones, fue candidato Aduviri a la presidencia de la región. Durante el proceso fue sentenciado, confirmada su sentencia y luego considerada nula por la Corte Suprema en proceso de casación. El JNE reconoció su triunfo, le tomó juramento y le dio posesión del cargo.

Pero, a solo meses de estar instalado ha sido encarcelado por decisión de los mismos jueces. Significa que estos burócratas no le han dado importancia a la victoria electoral en primera vuelta y con abrumadora votación.

Lo que correspondía era que la fiscal de la Nación debió disponer la investigación a los jueces que lo procesaron y sentenciaron y también a los burócratas que con su corrupción y abusos, obligaron a la población puneña a alzarse contra el Gobierno; es decir, los burócratas delincuentes permanecen en sus puestos y se vengan trasladándolo de su puesto legítimo de gobernador a la cárcel, donde permanece actualmente.

De igual situación es víctima Vladimir Cerrón, gobernador de la región de Junín, igualmente victorioso en primera vuelta y en cárcel desde las primera semanas de haber asumido su cargo. Ya está en amenaza el presidente regional de Arequipa, Elmer Cáceres. Manifiestamente, hay una inversión de valores: la primacía de la legalidad sobre la legitimidad, pues la victoria electoral sobre un candidato con cargos manifiestos es una censura de la ciudadanía al burócrata corrupto.

El alzamiento de la población sin armas contra el gobierno es delito social, tipificado como motín, su penalidad: 1 a 5 años; sin embargo los jueces burócratas los han procesado como delincuentes comunes, imputándoles delitos como asesinato, extorsión, daños a la propiedad, uso ilegal de armas de fuego, etc. Imponiéndoles penas hasta de 25 años de prisión. En esta situación están decenas de comuneros y el líder etnocacerista Antauro Humala.

Ya es preciso que se restablezca la hegemonía de la legitimidad sobre la legalidad; es decir, la inmediata libertad de los presos político-sociales.



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