Columnista - Isaac Humala Nuñez

Islay es la chispa prendida: Perú puede arder

Isaac Humala Nuñez

17 jul. 2019 02:40 am
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Pese a la posición pública del presidente Vizcarra de no otorgarse la licencia a “Tía María” mientras la Southern no tenga el “sí” de Islay, sus ministros Oliva de Economía y Finanzas e Ísmodes de Energía y Minas la otorgaron el 8 del presente. Ahora, desde el 15, Islay es chispa que puede incendiar al Perú.

La licencia ya fue rechazada definitivamente el 2015 en batalla librada en Islay entre los lugareños y más de 3,000 policías y cientos de soldados al costo de siete muertos de lugareños y cuatro de la fuerza pública y más de 300 heridos, judicializados los dirigentes y hasta prisión del dirigente de entonces, Pepe Julio Gutiérrez.

El actual presidente del “frente de defensa del Valle del Tambo”, Elvis Apaza, declaró: “Cualquier posibilidad de negociación (sobre Tía María) se acabó el 2015” (La República Junio/ 25/p 2,019).

“Con la oposición de la población y con sangre no hay minería” es la denominada “licencia social”. No es Ley de país alguno. Es principio establecido por la asociación de transnacionales para consagrar la limpidez de la actividad minera desprestigiada por masacres; principio ratificado por sucesivos presidentes de Confiep.

Al respecto, el caso de la inglesa “Monterrico Metals Plc” Proyecto Majaz (Piura-Cajamarca) que pretendió con masacre iniciar la minería, hubo muertos y 33 secuestrados y mujeres violadas, hechos que una comisión de la Cámara de los Comunes corroboró y que el Tribunal Superior de Londres embargó a la minera por más de £ 5 millones para indemnizarlos.

Los ministros desleales, simultáneo a la licencia, enviaron 400 efectivos de la Policía y otro contingente de 800 recibió orden de regreso.

Las partes en el caso “Tía María” son exclusivamente Southern Perú y el “Frente de defensa del Valle del Tambo”; el Gobierno no es parte sino autoridad, obligado a considerar la validez jurídica del rechazo sangriento del 2015. En consecuencia, ni los ministros ni el Gobierno pueden abogar por la minera, ni con el pretexto de la multa si no se entregaba la licencia. El caso está cuestionado jurídicamente y terminado  de hecho, pues el permiso social fue forzado con violencia policial. Una de las objeciones principales de las Naciones Unidas al EIA no ha sido levantada: lixiviación (procesamiento complejo del oro).

Southern estaría formando otro frente de defensa con gente pagada. Debe separarse  a los traidores desde ahora.

En esta situación de emergencia el único representante es Elvis Apaza, así como en Fuerabamba es Gregorio Rojas. La mediación episcopal es única garantía de seguridad.

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