Columnista - Isaac Humala Nuñez

Las Bambas: Gobierno incumple compromiso

Isaac Humala Nuñez

8 may. 2019 02:40 am
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Inminente el desbloqueo sangriento de la mina de Las Bambas, el pasado abril/6/2019, en aceptación de la mediación episcopal fueron recibidos en la Nunciatura los Sres. Salvador Del Solar en representación del Estado, Édgar Ordenque, CEO de Minerales y Metales Grupo Las Bambas (MMG), y Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba.

Acordaron: 1.- La comunidad levanta el bloqueo y 2.- seguidamente empezar a tratar la “Agenda Única de Diálogo” de la “Plataforma Única de Reclamos”.

El primer punto de la agenda es el archivamiento de los procesos penales a centenares de comuneros por las protestas sociales desde el 2011 a la fecha; pues, cinco líderes y dos asesores jurídicos estaban con detención preventiva de 36 meses, imputados de organización criminal y secuestro. Únicamente su presidente Gregorio Rojas estaba en libertad restringida, solo para comparecer a la Nunciatura.

El monseñor Miguel Cabrejos, presidente del Episcopado, levantó la reunión, disponiendo firmarse lo acordado en el mismo centro minero de Cotabambas el 10 de abril.

Fuerabamba levantó el bloqueo el 12 de abril, pero el Estado no ha archivado hasta ahora ni un solo proceso.

Impensable: El Estado peruano pretende desentenderse del compromiso al que se había llegado gracias a la mediación del representante diplomático del Vaticano en el Perú. Para esta finalidad, el Estado peruano expidió el Decreto Supremo n° 075-2019-PCM, publicado en El Peruano el 18 de abril, creando una institución burocrática denominada “Espacio de Diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas”. Allí, los representantes del Episcopado son solo invitados (Artículo 5.2).

En legítima reacción al incumplimiento de lo pactado, Fuerabamba decidió reanudar el bloqueo. El Gobierno lo evitó el viernes pasado 4, revocando las detenciones preventivas de 36 meses.

La indignación conmociona doblemente: 1.- Que el Estado peruano no cumpla lo acordado verbalmente en la Nunciatura y lo firmado en el centro minero y 2.- desentenderse de la obligación asumida en la Nunciatura, teniendo como mediador humanitario al nuncio, que es embajador y decano del cuerpo diplomático.

A principios de abril, el nuncio ofreció su mediación y ahora que es burlado, tiene que pronunciarse, ya que es un incidente público entre dos Estados.

El premier afirma que el archivamiento es exclusividad de la Justicia; miente, pues el jefe de Estado puede hacerlo. Los jueces deben proceder al archivamiento de oficio, pues un delito social (motín)  lo están procesando como delito común, prevaricando.

Los comuneros se reafirman en el pacto de mediación de la Nunciatura.

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