Columnista - Jaime Miranda Sousa

Estado empresario

Jaime Miranda Sousa

29 oct. 2018 03:10 am
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El artículo 70º de nuestra Constitución y no el 60° es el que frena el afán Mercantilista de izquierda (socialista) de lograr, como lo hizo Velasco, que el Estado sea empresarial.

Digo lo anterior porque el artículo 60º solo limita el crecimiento empresarial del Estado disponiendo que: “Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial; directa o indirectamente, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”.

Exigir la aprobación del Congreso para que el Estado realice una actividad empresarial es un freno político y no técnico porque el Congreso es un ente político y no técnico.

Sin embargo, el artículo 70º de la Constitución dice: “INVIOLABILIDAD DEL DERECHO DE PROPIEDAD -El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio”. En otras palabras, si un gobierno obtiene la autorización del Congreso para realizar una determinada función empresarial tiene que invertir porque no puede, como hizo Velasco, expropiar (confiscar) empresas pagando con bonos sin garantías como los creados por Belaunde, los que, como hemos visto, solo se pagan a los extranjeros y no a los peruanos.

Si Velasco hubiera tenido que pagar las empresas que expropiaba no hubiera podido transformar al Estado peruano en empresario con las consecuencias que esto trajo.

Con la actual Constitución, si un gobierno pretende hacer lo que hizo Velasco primero tiene que obtener la autorización del Congreso para crear una empresa estatal y si la obtiene, necesita dinero para crearla y no robarla como hizo el general mencionado.

Por lo anterior los empresarios, sobre todo aquellos que tienen sus empresas incorporadas en el Perú y no en el extranjero deben estar muy conscientes del daño que puede hacer una Constituyente que cambie el enfoque socioeconómico que tiene la actual Constitución. Fue la izquierda latinoamericana, especialmente la cubana y la brasileña y no nuestra Constitución la que con premeditación y alevosía (Foro de San Pablo) internacionalizó nuestra corrupción.

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