El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha violado la Ley No. 30717, que modificó la Ley Orgánica de Elecciones (Ley No. 26859), la Ley de Elecciones Regionales (Ley No. 27683) y la Ley de Elecciones Municipales (Ley No. 26864) con el fin de promover la idoneidad de los candidatos a cargos de elección popular.
El Artículo primero incorpora los literales i) y j) al Artículo 107 de dos últimos párrafos y al Artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones conforme al texto siguiente “Artículo 113. No pueden ser candidatos a los cargos de Congresista de la República o Representante ante el Parlamento Andino, las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso. En el caso de las personas condenadas en calidad de autoras por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual; el impedimento resulta aplicable aún cuando hubieran sido rehabilitadas”.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), este es un organismo autónomo, que cuenta con personería jurídica de derecho público, encargado de administrar justicia en materia electoral; de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares y de la elaboración de los padrones electorales; de mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas; y demás atribuciones a que se refieren la Constitución y las leyes”.
El Artículo 23, contempla que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve, oportunamente, con arreglo a la Constitución Política, las leyes y los principios generales del derecho. En materias electorales, de referéndum o de otras consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son susceptibles de revisión. Contra ellas no procede recurso ni acción de garantía alguna. Por lo tanto, se entiende que no hay instancia superior para apelar.
Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones tiene el deber y la obligación de fiscalizar la información contenida en las Declaraciones Juradas de Hoja de Vida de los candidatos, a través de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales y el Jurado Electoral Especial. La labor de fiscalización se realiza con la finalidad de transparentar la trayectoria declarada de los candidatos frente a la ciudadanía.
De conformidad con la Ley de Organizaciones Políticas (Ley No. 28094) y el Artículo 23 referido a las candidaturas, se establece que la Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato debe contener: inciso 5, Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio.
La omisión de la información o información falsa dan lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta 30 días calendario antes del día de la elección.