Pinocho Vizcarra inauguró una zaga presidencial marcada por el engaño, la estafa y la desinformación al ciudadano, presentándose como el adalid de la lucha anticorrupción y la antítesis de su predecesor, Kuczynski, cuando en rigor este sujeto arrastra viejos antecedentes de corrupto desde su desempeño como gobernador moqueguano. Precedentes que luego se ampliarían a su paso como ministro de Transportes, habiendo sido antes consorciado de Odebrecht, apoderado de Graña y Montero y encima, partícipe activo del affaire Chinchero. Esto previo a su llegada a la presidencia de la República. De manera, Vizcarra, que a otro perro con ese hueso de “mi bandera es la lucha contra la anticorrupción”. Esta fue la carta de presentación del mitómano Vizcarra, respaldada y coreada durante casi tres años por la prensa servil, convertida en vizcarrista sólo por intereses crematísticos. ¿Resultado? Las portadas de los diarios de la concentración mediática y las pantallas televisivas de esa misma mafia se pusieron a órdenes de la oficina de comunicaciones de palacio de gobierno, desde donde waripoleras –que aún se hacen llamar presentadoras, comentaristas, opinólogas o lo que fuere– endiosaban a Vizcarra con mucho mayor ahínco aún que aquel de sus símiles de El Peruano y el canal estatal. ¿Consecuencia? La sociedad peruana quedó desinformada.

Al extremo que interiorizó como verdadera aquella costosísima campaña de empoderamiento de Martín Vizcarra como el líder de la anticorrupción, mientras detrás de esa cortina éste fraguaba nuevas estafas. Empezando por el patético affaire “swing”, los videos donde Vizcarra trama con su círculo intimo el delito de obstrucción a la Justicia obligándoles a borrar evidencias y a introducir diferentes pruebas alteradas por él y su entorno, etc.
¿Pero quién pagó esta multimillonaria campaña de endiosamiento a un falso valor; a un inepto a tiempo completo como presidente; al caradura que pactó a escondidas con el extremista gobernador de Arequipa la desaparición de la gran minería moderna; al hipócrita que cerró el Congreso para eternizarse en el poder sin fiscalización alguna? ¡El Estado pagó esa campaña! Vale decir, los contribuyentes pagaron sendos millones para comprar las líneas informativa y editorial de aquellos medios de comunicación corruptos, usando facturas dizque por publicidad. Los peruanos también asumieron el estrafalario costo del aparato informativo de canal 7, Andina y ene número de vuelos de Vizcarra en aviones estatales. Tres años después de financiar semejante aparato publicitario para mitificar la imagen de Vizcarra –presentándolo como quien salvaría al país de la corrupción (siendo todo lo contrario)–este impresentable personaje pretende usar esta millonaria inversión del Estado peruano como capital propio para lanzarse de candidato a congresista, arrastrando antecedentes por corrupción inclusive muchísimo más graves que aquellos que sirvieron a la Fiscalía para encarcelar a sus opositores. Entendemos. Más adelante Vizcarra aspira a postular a la presidencia de la República usando el costosísimo y falso background de adalid anticorrupción, fabricado y pagado no por él sino por los ciudadanos.

Si el Jurado de Elecciones pretende luchar contra la corrupción, debería prohibir que Vizcarra –¡investigado por corrupción!– participe en los comicios 2021.