El Artículo 176 de la Ley de leyes prevé que “El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector…”.
Asimismo se contempla en el Artículo 178, que “Compete al Jurado Nacional de Elecciones:”, 1 “Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales…”, 3 “Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral”.
La Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales depende de la Dirección Central de Gestión Institucional y “está encargada del desarrollo de la función fiscalizadora del Jurado Nacional de Elecciones, en ese sentido, de manera permanente e ininterrumpida formula, propone y ejecuta los planes y acciones para cumplir dicha función”.
Sostienen que “La fiscalización electoral es un elemento clave para el fortalecimiento del sistema democrático del país, pues constituye un mecanismo de vigilancia y control, y de esta manera se garantiza la legalidad del sufragio y la voluntad popular de los ciudadanos”, pero no fiscalizaron nada y se convirtió en una coladera.
Por lo tanto existe una evidente responsabilidad política del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
De acuerdo a la Hoja de Vida y Declaración Jurada presentada por José Pedro Castillo Terrones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en “Experiencia Laboral”, figura como “docente”, sin embargo, ingresando a la web de la Sunat, aparece que desde el 3 de julio de 2017 es representante legal (Gerente General) del Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores JOP S.A.C. de acuerdo al Registro Único de Contribuyente (RUC) 20602501184 dedicado a la “Construcción de Edificios”.
La Ley de Organizaciones Políticas (Ley No. 28094) señala en el ítem 23.6, “En caso de que se haya excluido al candidato o de que haya trascurrido el plazo para excluirlo, y habiéndose VERIFICADO LA OMISIÓN O FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN prevista en el párrafo 23.3, el Jurado Nacional de Elecciones remite los actuados al Ministerio Público”, como se aprecia el cargo de Castillo en la constructora.
Al amparo del Artículo 96 “Cualquier representante al Congreso puede pedir a los ministros de Estado, AL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos Regionales y Locales y a las instituciones que señala la ley, LOS INFORMES QUE ESTIME NECESARIOS”.
Más aún según el Artículo 97 el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Finalmente corresponde al Ministerio Público (Artículo 159) inciso 1 “Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho”.
¡Solo les queda hacer su trabajo!

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