Jorge Baca Campodónico

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El mito de las privatizaciones de Fujimori

  • Fecha Domingo 25 de Agosto del 2019
  • Fecha 8:52 am

Por muchos años persistió el mito de que el producto de las privatizaciones durante el Gobierno de Alberto Fujimori fue robado en su integridad. En un artículo titulado “El Mito de los Seis Mil Millones Desaparecidos”, publicado en el diario Expreso en 2016, Jorge Peschiera Cassinelli desbancó en forma contundente este mito. Sin embargo, aún persiste el mito de que el proceso de privatizaciones fue un fracaso y que la venta de las “joyas de la corona” se hizo sin orden ni criterio, sin consideraciones por el interés nacional, el bienestar social o la racionalidad económica, y que empresas de enorme valor estratégico o rentables se remataron sin mayor consideración a precio de regalo.

Es fundamental destacar que quienes propalan este mito están atacando la esencia del modelo económico consagrado en la Constitución de 1993. Es decir, están de forma indirecta pidiendo el cambio del modelo económico y de la Constitución que tanto ha beneficiado a los peruanos en los últimos 27 años.

A diferencia de la Constitución de 1979, la de 1993 reconoce explícitamente que la actividad empresarial está reservada al sector privado y que el Estado participa solo subsidiariamente en ella. La concepción socialista de la carta de 1979 consagró la intervención estatal iniciada con Velasco y propició la participación directa del Estado en la actividad empresarial. El modelo de Estado interventor de la economía y de los medios de producción provocó el crecimiento indiscriminado del aparato público y al colapso de la economía en la década de los 80.

Según datos del BCRP, en 1990 el número de empleados en empresas estatales era del orden de un millón 390 mil personas cuyos salarios no tenían contrapartida productiva y generaban un enorme déficit fiscal. Como resultado de la privatización y liquidación de empresas este número se redujo a 250 mil a fines de 1997. Esta reducción de la población ocupada en empresas públicas se tradujo en un significativo aumento de la productividad de la economía peruana. Este logro del proceso de privatización ha sido utilizado demagógicamente para atacar las privatizaciones y justificar sucesivos procesos de reincorporación de empleados a la administración pública durante los gobiernos que sucedieron a Fujimori.

En el Gráfico 1 se muestra la evolución de los resultados deficitarios del sector público no financiero (excluyendo la banca de fomento) diferenciando los resultados del gobierno central y de las empresas públicas para el período 1980 – 1994. Observamos los abultados déficits, tanto del gobierno central como de las empresas públicas, llegando en algunos años el déficit de las empresas públicas a superar el déficit del gobierno central. Estos enormes déficits y el crecimiento exponencial de la deuda fueron las causas de la hiperinflación y el descalabro económico. Esta situación se revirtió con el inicio del gobierno de Fujimori y, a partir de 1994, el Estado empezó a generar superávits que han sido la piedra angular del modelo económico peruano.

Como el peruano es olvidadizo, hemos hecho el ejercicio de traer a valor actual los déficits incurridos por las empresas públicas durante el periodo 1980 –1991 que fue el año que se inició la privatización. Utilizando datos del BCRP hemos obtenido el valor de los déficits de las empresas públicas en US$ dólares constantes de 2019 utilizando la inflación de los EUA como índice de actualización.

El total de los déficits acumulados durante el periodo 1980 – 1991 asciende a la astronómica suma de US$ 11,755 millones (ver Gráfico 2). Es decir, el Estado peruano despilfarró esta cantidad en mantener una burocracia privilegiada improductiva en lugar de haberla invertido en escuelas, salud e infraestructura. Estos fueron los resultados de la economía socialista implantada por Velasco Alvarado y que el actual ministro de Justicia y los partidos de izquierda recomiendan retomar.

Si a los abultados déficits de las empresas públicas les sumamos los subsidios otorgados por el gobierno central al trigo, maíz, leche y otros a través de la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI), y la Empresa Comercializadora de Alimentos (ECASA) y las transferencias a la banca de fomento (Agropecuario, Minero, Industrial, Hipotecario, etc.), las cifras fácilmente podrían duplicarse.

Otro argumento que se emplea con frecuencia para demostrar que el proceso de privatización fue un fracaso es el valor de venta de las empresas estatales. Falazmente se difunde que las empresas fueron vendidas a precios subvaluados, o con contratos amañados. Para desbancar este mito, utilizando datos del BCRP, hemos preparado en la Tabla 1 una relación de los déficits acumulados en los últimos 11 años y su valor de venta de las principales empresas públicas que fueron parte del proceso de privatización.

Observamos que en todos los casos el valor de la venta más los compromisos de inversión superan largamente el déficit acumulado de 11 años de las empresas públicas privatizadas. Es decir, con el proceso de privatización el Estado recibió más ingresos que las pérdidas generadas por las empresas estatales en los últimos 11 años previos a su privatización. Y adicionalmente recibió compromisos de inversión superiores a su valor de venta.

Con la venta de las empresas, el Estado no solamente dejó de perder dinero, sino que, además, empezó a recibir ingresos a través del impuesto a la renta. Si quienes compraron estas empresas lo hicieron pagando precios bajos, eso quiere decir que lograron una gran rentabilidad. En ese caso, aparte del precio que cobró al vender las empresas, el Estado recibió, y sigue recibiendo, el 30 % de la rentabilidad obtenida por los compradores, quienes se deben haber esforzado para recuperar no solamente el precio pagado al Estado sino las inversiones adicionales que siguieron. En lugar de sostener pérdidas como lo vino haciendo hasta 1993, después de la privatizaciones el Estado solo ha recibido beneficios, no solo por el producto de las ventas sino por los impuestos recaudados, sin haber invertido un centavo ni asumido riesgo alguno y, además, sin exponerse a generar oportunidades de corrupción estatal.

El dinero recibido por la venta de las empresas públicas fue resultado de procesos de subasta transparentes que nunca fueron materia de denuncia penal o cuestionamiento judicial. La privatización de las empresas públicas permitió eliminar la hemorragia que significaban los crónicos déficits fiscales y de esta manera se logró estabilizar la economía. Pero adicionalmente, los compromisos de inversión permitieron iniciar un círculo virtuoso en el crecimiento de la economía que se ha traducido en más de 25 años de crecimiento económico interrumpido y reducción de la pobreza.

Lamentablemente vemos que los últimos gobiernos han iniciado un retroceso de los principios del modelo económico consagrado en la Constitución de 1993. Poner en duda y cuestionar el éxito del proceso de privatización es el arma que utilizan los enemigos del modelo económico, ya que saben que el rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial en una de las piedras angulares del modelo económico.

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