Juan Carlos Ruiz Rivas

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Cuando la extorsión se viste de licencia social

Sirva el reciente conflicto social en Las Bambas y su consecuente crisis, para identificar aquellos elementos no resueltos que ponen en aprietos a los gobiernos los últimos 20 años, llevándolos al uso de la fuerza bruta, y no de la razón, cuando de resolver disputas se trata.

Las Bambas lo refleja puntualmente. El conflicto no persigue reivindicación ambiental, ni social alguna. Es puro y simple dinero. Una negociación entre privados que utiliza como pretexto una mala decisión de gestión pública de un ministerio X, para justificar una inaceptable toma de carretera e interrupción del libre tránsito, al que –por Ley— tenemos derecho. Una disputa que camufla una extorsión bajo el manto de una licencia social.

Tres son las claves para buscar salidas inteligentes. La primera es dejar de engañarnos al pensar que el Estado puede mediar en los conflictos. FALSO. El Estado tiene interés en cobrar los impuestos que la actividad minera genera para pagar otras inversiones y los salarios de sus burócratas. Esos mismos que jamás darán la razón a quienes “cuestionan” la minería. El Estado representa a una de las partes: la parte empresarial. La próxima vez que envíen ministros a negociar, sería prudente que vayan en compañía de los gerentes de la empresa minera.

Lo segundo se desprende del primero. Si el Estado no puede mediar, entonces necesitamos profesionalizar la solución de los conflictos sociales en todo el país. Este servicio podría darlo un cuerpo profesional de mediadores a cargo de la Defensoría del Pueblo o de la misma Iglesia, o de otras Iglesias, o de los Colegios Profesionales; en fin, instituciones o asociaciones sin fines de lucro que acrediten y garanticen neutralidad. Ello exigirá también que los negociadores de ambas partes demuestren credenciales en estos gajes del oficio.

El tercer elemento es resolver el asunto de la propiedad. Si no derogamos las obsoletas leyes de Indias que siguen otorgando al Estado la propiedad del subsuelo, obligaríamos a quienes desarrollan actividades extractivas a convertir en socios naturales a quienes poseen los territorios sobre los cuales realizarán su actividad minera. Ello nos ahorraría tiempo y dinero, pues el Estado no tendría un interés oculto bajo tierra en toda negociación, sino que participaría de forma abierta y transparente.

El tema requiere decisión política. Ni ciencia ficción, ni física nuclear. La pregunta de fondo es… ¿Por qué nuestras autoridades no se atreven a hacerlo?





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