Juan Carlos Ruiz Rivas

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Ni hora pico, ni placa: la imbecilidad pública

La historia de siempre. Nuestras autoridades siguen generando políticas públicas sin pensar en lo más mínimo la problemática de nuestra ciudad. El viernes pasado, la Municipalidad de Lima decidió implementar un sistema de restricción vehicular, conocido como “Pico y Placa”, con el objetivo de reducir la incidencia del transporte privado en cinco vías estratégicas de la ciudad, a propósito de los Juegos Panamericanos.

Algunas preguntas de fondo. ¿Por qué restringir el transporte privado y no el transporte público, si este último genera mayor congestión vehicular en horas punta en la ciudad capital? ¿Por qué quienes pagamos impuestos y tenemos todo en orden con nuestros vehículos somos quienes debemos restringir nuestra libertad de tránsito? ¿Y los taxistas? ¿Y las movilidades privadas? ¿Y los pool entre compañeros de trabajo para ahorrar costos?

¿Por qué una medida como ésta no le hace ni cosquillas a las mafias de transporte ilegal en toda la ciudad? ¿Por qué no poner el foco en combis o micros que pasan coimeando revisiones técnicas o deben fortunas en papeletas?

¿Por qué copiamos prácticas de otras partes del mundo de manera parcial? Para nadie es un secreto que estas medidas funcionan cuando la urbe tiene como alternativa servicios de transporte público eficientes, algo que no existe ni en Lima, ni en cualquier otra ciudad del país.

Lamentable. Seguimos sin pensar nuestra ciudad. Nuestros burócratas siguen proponiendo parches que no resuelven problemas de fondo, ni las verdaderas causas que ocasionan el caótico y colapsado tránsito en la ciudad. Seguimos pagando sueldos de envidia a funcionarios que no tienen ni dos dedos de frente. Que se comportan como entes oligofrénicos que siguen como mascotas una pelota, siguiendo solo sus instintos, sin usar siquiera un poquito de razón.

Basta ya de tanta improvisación y mentiras. Basta de burlarse del ciudadano que respeta las reglas de juego. Basta de proteger a los corruptos y promover la impunidad. Basta de institucionalizar la “imbecilidad pública”.

¿No se dan cuenta nuestras autoridades que con estas decisiones incuban a sus futuros asesinos políticos? ¿No se percatan, acaso, que errores garrafales como estos destruyen la poca credibilidad que hoy tiene la alicaída democracia peruana?

¡Basta ya! Sabemos perfectamente que la imbecilidad pública no es un delito penado por Ley. Pero debieran existir mecanismos institucionales para hacer una profilaxis efectiva de la gestión pública. Comencemos ya, porque si continuamos esperando un cambio espontáneo este no sucederá jamás.



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