Judicialización de la política: moda peligrosa…

Judicialización de la política: moda peligrosa…

En la década de los ochenta del siglo pasado el sistema judicial recién inició el proceso de asimilación y aplicación de la justicia constitucional a través de los procesos de amparo y habeas corpus, fundamentalmente, porque recién se había incorporado el Pacto de San José a la legislación nacional a través de la Constitución de 1979, tanto así que, recién en 1983 se publicó un libro sobre Amparo y Habeas Corpus de autoría del doctor Borea Odría en el cual recién se desarrollaba la naturaleza, procedencia y fines de las medidas cautelares en temas de derechos fundamentales. El resto de esa década fue escenario de idas y venidas de connotados constitucionalistas, la mayoría argentinos, quienes ilustraban a magistrados, fiscales y abogados sobre una materia tan importante.
A finales de los ochenta de ese siglo se produjo la crisis política por el intento gubernamental de la estatización del sistema financiero con el objetivo de paliar el descalabro financiero en que había caído el país, cuyo intento, considerado confiscatorio, fue detenido con muchas medidas cautelares dictadas en los respectivos procesos de amparo, evento que mostró por primera vez un peligro de judicialización de la política consistente en la multiplicidad de criterios para calificar un mismo hecho por los órganos jurisdiccionales en procesos que podían durar muchos años.
Este latente peligro podía resquebrajar la institucionalidad nacional por criterios disímiles de los jueces, que se escudaban en su independencia sin pensar en la predictibilidad de las decisiones que se contraponían entre sí, hasta que meses o años después el superior corrigiera o ratificara una resolución cuyos efectos habían, en muchos casos, devastado instituciones privadas como asociaciones, cooperativas, conflicto entre socios de una empresa y amenazaba con desquiciar instituciones públicas.

Por tal razón en 1996, en la Corte Superior de Lima, fue creada, entre otros, la especialidad de órganos jurisdiccionales de Derecho Público para que los jueces cuidaran de uniformizar sus criterios dentro de cánones de razonabilidad y proporcionalidad, más aún que se había excluido a la Corte Suprema de los procesos constitucionales sustituida por el Tribunal Constitucional y, además, porque ya estaban regulados los plenos jurisdiccionales y los plenos casatorios.

Sin embargo, no se trabajó adecuadamente la uniformización de criterios y ni siquiera se analizó debidamente el tema de la jurisprudencia vinculante, ya vigente para procesos ordinarios desde la Corte Suprema y para los procesos constitucionales desde el Tribunal Constitucional.

El mayor problema fue que la eterna guerra política en que vivimos enfrascados en el Perú terminó politizando al Tribunal Constitucional, lo que contaminó todo el sistema desde la raíz llegando hasta el desastre actual en donde con medidas cautelares se protege a los amigos o se persigue a los enemigos, porque ya no se sabe dónde está la razón porque los superiores no se pronuncian con prontitud y los procesos terminan años después cuando la institucionalidad está demolida, sino veamos el caso del Colegio de Abogados de Lima y otros.

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