Esta semana el Poder Judicial ha comenzado a evaluar la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público para suspender temporalmente a Fuerza Popular como partido político.

Preocupa que en pleno proceso electoral la justicia pueda tomar una medida tan drástica contra una organización política, cuando esta decisión sería competencia del Jurado Nacional de Elecciones.

Cada vez parece ser más notoria la injerencia de la justicia en la política, lo que comienza a dejar serias dudas respecto a la objetividad de las acusaciones y la imparcialidad en las sentencias de fiscales y jueces a los que les corresponde impartir justicia.

Pareciera que para los Fujimori y para Fuerza Popular existiera un solo fiscal en el Ministerio Público y un solo juez en el Poder Judicial.

Acusar a un partido político como organización criminal, similar al narcotráfico, es muy duro e injusto para sus líderes, su militancia y también para los candidatos que los representarán en el próximo proceso electoral interno en marcha y en las elecciones del 2021.

Calificar de lavado de activos y procedencia ilícita el dinero entregado por empresarios como aporte de campaña es tan avezado, como afirmar que el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía, también lo son, porque hubo fiscales que no acusaron a autoridades corruptas, jueces que amañaron sentencias, o algún general que se coludió con sus subalternos para robar en tiempos de pandemia.

No se trata de hacer comparaciones, pero queda en evidencia que hay “mala leche” contra Fuerza Popular. Se le acusa de recibir dinero y no declararlo. Hemos visto a empresarios, durante el proceso, afirmar que cuando donaban dinero para las campañas no querían que se revelara su aporte. Las reglas hasta el 2011 consideraban esta omisión como una falta administrativa. Por lo tanto, es más convincente aderezar la acusación con la calificación de ilícito.

Parece que existiera un propósito de “pitufear” a los partidos políticos, judicializándolos. En el caso de Fuerza Popular se le señala de ser caja de resonancia de intereses económicos. Han pasado más de tres años que se investiga al fujimorismo, hasta hoy no presentan pruebas, ni formalizan una acusación. Prefieren pedir medidas que afectan en su libertad a los líderes y ahora al partido. Pretender suspender a Fuerza Popular, es como darle prisión preventiva a todo un partido y su militancia, privándolos de su libertad y derecho de elegir y ser elegidos.

Líderes de diferentes tiendas políticas se han pronunciado en contra de las pretensiones de la justicia. Christian Salas, abogado de Fuerza Popular, considera la medida inconstitucional e ilegal.

Sólo queda esperar una resolución sensata de la justicia que, debería dejar esta decisión en manos de los electores para no empañar el próximo proceso electoral.

LUIS OTOYA TRELLES