Justificado, no a los viajes de Pedro Castillo

Justificado, no a los viajes de Pedro Castillo

Las tres últimas constituciones que han regido en el Perú, de 1933, 1979 y la vigente de 1993, coinciden en establecer que el presidente de la República en ejercicio solo puede salir del territorio nacional contando con el permiso del Congreso de la República y contemplar como causal de vacancia en el cargo ausentarse del país sin dicho permiso o no regresar dentro del plazo fijado.

Esta previsión es parte del principio de separación de poderes que rige la organización del Estado peruano y que significa no solo la especialización en la labor de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial sino también la existencia de pesos y contrapesos entre ellos, sobre todo entre los poderes netamente políticos y derivados de la voluntad popular como son los dos primeros.

Las leyes que oportunamente desarrollaron la norma constitucional muestran alguna variación. Así, desde agosto de 1996 en que se dictó la Ley 26656 y hasta septiembre de 2004 en que ella fue derogada por la Ley 28344, el Congreso de la República podía otorgar permiso al presidente de la República no solo para eventos específicos sino también por periodos, que en la práctica se expresaron en lapsos no mayores a tres meses, debiendo el jefe de Estado informar en detalle del uso de esa autorización. Es evidente que tal flexibilidad permitió al presidente Fujimori desarrollar una intensa y oportuna diplomacia presidencial que condujo a la la paz definitiva con el Ecuador y el fin de casi un siglo de conflicto dañino para los pueblos de ambos países.

Pero hay presidentes y presidentes y el que por desgracia se hizo del poder en julio del año pasado no solo está sujeto a siete investigaciones penales por actos de corrupción derivados de su gestión sino por presuntamente liderar una organización criminal enquistada en su gobierno y entorno más cercano e incluso familiar. Como si ello no bastara, en las cuatro oportunidades que P. Castillo ha viajado, a América del Norte, Bolivia, Chile y recientemente a las Naciones Unidas, en todas ha generado situaciones de bochorno, burla y descrédito para nuestra imagen internacional y dañado el tradicional prestigio de nuestro Servicio Exterior.

El colmo ha sido hacerse acompañar por su cónyuge, también investigada penalmente y a punto de ser objeto de impedimento judicial de salida del país.

Responsable entonces la decisión de un grupo suficiente de congresistas de la República en negarle permiso de viaje a una persona como Castillo al que poco le importa dañar al Perú ante el mundo.

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