Profesionales de la Universidad de California, Universidad Británica de Columbia, Universidad de Australia Occidental y de Global Fishing Watch; concluyeron en un artículo dirigido por Enric Sala de la Sociedad Geográfica Nacional de Estados Unidos, intitulado “La Economía de la pesca en altamar” y publicado en 2018 por la revista Science Advances, que la pesca de calamares de China ha sido consistentemente poco rentable. Asimismo, que sin subsidios, generaría pérdidas de hasta 345 millones de dólares al año.
Según la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, OROP-PS, los barcos industriales de China, autorizados a pescar calamares en aguas internacionales frente a Perú, se han incrementado de 261 en 2014, a 503 en la actualidad. Este acelerado aumento de la presión de pesca debería acompañarse de un mejor monitoreo y coordinación entre los países de Sudamérica, ya que se han detectado sistemáticos comportamientos transgresores de invasión a soberanías de países de la región para realizar pesca ilegal. Un dato notable es que los desembarques peruanos de pota cayeron del 69.74% de las capturas en aguas de la OROP-PS en 2007 a 39.17% en 2017.
Recientemente el presidente de Ecuador, ante la presencia de estos barcos en aguas circundantes a Galápagos, solicitó el pronunciamiento de las naciones que hacen frente al Océano Pacífico ante la amenaza a una de las reservas de la biodiversidad mundial. La Armada argentina, tras sistemáticas violaciones a sus aguas jurisdiccionales por parte de barcos chinos, ha actuado de manera enérgica y clara por la protección de su mar y sus recursos. En el Perú, probablemente el principal afectado por esta problemática, se publicó un proyecto de Decreto Supremo para mejorar el monitoreo de esta flota, luego de una tenaz insistencia sostenida durante años por los pescadores artesanales y la industria procesadora. La promulgación de la norma no debería demorar un día más. Japoneses y coreanos también se ven amenazados por esta plaga. En este escenario, gremios de pescadores e industriales del Pacífico y el Atlántico Sur (CALAMASUR y OPRAS), han suscrito un convenio para combatir la conducta infractora de esta cuestionada flota.
El pasado febrero, la OROP-PS acordó la primera medida de manejo y conservación para el calamar gigante en aguas internacionales. Esta medida entrará en vigencia en enero de 2021 y permitirá ejercer controles a los barcos asiáticos y disuadirlos de prácticas ilícitas, pero también debería brindar la oportunidad a nuestros pescadores de continuar operando con un mayor orden y estabilidad jurídica. Sin embargo, es imposible que esto pase si es que no se culmina antes con los procesos de formalización que, no está de más decirlo, llevan gestionándose desde hace más de un lustro.
El tiempo pasa y si seguimos la tendencia actual, corremos el riesgo que en menos de cinco meses la OROP-PS mantenga en sus registros a flotas de aguas distantes, subsidiadas y con alta probabilidad de realizar pesca ilegal en el Pacífico, mientras que nuestras naves podrían mantenerse informales y sin capacidad de operar fuera de las 200 millas. El gobierno tiene el derecho de ejercer su autoridad, así como la obligación de ser eficiente en la administración de los asuntos públicos, defender los intereses del Perú y cumplir con los pescadores artesanales que reclaman su formalización. 100 mil familias dependen de la explotación sostenible de la pota. Protejamos a este recurso de la piratería y dotemos a nuestros hombres de mar de los títulos que les corresponden.