En el mundo de hoy en el que se tiene temor a envejecer, en el que la estética es fundamental o en el que lo superficial o la apariencia se imponen a la esencia, lo visible se ha convertido en un requisito vital. Este nuevo “estilo” de vida podría explicar, por ejemplo, las preferencias en el momento de adoptar decisiones en un proceso electoral: el joven frente al adulto, el informal frente al formal, el que alza la voz para atacar al que permanece en silencio.

Si trasladamos esta forma moderna de concebir la vida al ámbito de la justicia, una reforma de esta solo significaría crear más sedes judiciales con edificaciones modernas, así como la generación formal de más especialidades, la incorporación de nuevas tecnologías, la paridad de género, la oralidad, etc., que al ser cambios visibles podrían determinar una percepción inicial de progreso.

Sin embargo, la realidad nos demuestra que la justicia nacional no funciona del todo bien. Muestra de ello son los diversos casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado peruano por vulnerar garantías judiciales mínimas consagradas o desarrolladas a partir del artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entre las garantías no observadas tenemos el ne bis in ídem, el plazo razonable de prisión preventiva y ejecución de las decisiones judiciales, la presunción de inocencia, la defensa eficaz y la eficacia de la protección judicial. Es respecto a estas últimas violaciones en las que no se advierten cambios sustanciales ni tampoco se han determinado responsabilidades individuales.

Los casos que se pueden citar no solo se limitan a la década de los 90, sino también a los que corresponden a las últimas décadas. Las muestras más recientes son los casos de Rojas Marín, Rosadio Villavicencio, Lagos del Campo, Muelle Flores, cesantes y jubilados de la Sunat, trabajadores cesados de Petroperú, entre otros. Las decisiones que han condenado al Estado peruano dan cuenta de graves vulneraciones de las que han sido víctimas nuestros connacionales y que los que han afectado sus derechos humanos de justicia son agentes conocedores del derecho, quienes por excesos u omisión en sus actuaciones han atentado contra los valores fundamentales del sistema.

Así como en su momento se responsabilizó a los miembros de nuestras fuerzas armadas por la ejecución de actos contra los derechos humanos que han determinado la imposición de sanciones severas, ¿no correspondería que las vulneraciones a los derechos humanos que provienen de los operadores de justicia merezcan también una sanción?

Una reforma sustancial pasaría por implementar la sanción de estos hechos, puesto que finalmente en los casos señalados es el Estado el que ha asumido el costo de tener que realizar nuevos procesos judiciales o el pago de indemnizaciones. Con la agravante de que estas vulneraciones se presentaron en contextos de regularidad constitucional y no en una situación de emergencia nacional.

En su discurso de apertura del año judicial 2021, la presidenta de nuestro Poder Judicial ha advertido que existe un problema de legitimidad en ese ámbito, condición que sería importante recuperar con reformas sustanciales. La principal de estas sería efectivizar los derechos humanos de justicia, tarea en la que no solo deben estar involucrados los jueces, sino también los fiscales y abogados de nuestro país.