El camino hacia el desarrollo debe comenzar con la devolución al ciudadano de la libertad política, de la responsabilidad e iniciativa para labrar su propio y particular destino. Bajo esta óptica, el “soberano” no será más el “pueblo” sino la persona humana que, unida solidariamente a los demás, constituye la sociedad civil.

Me gustaría transcribir una glosa de quien fuera –en su momento– el historiador español, Vicente Rodríguez Casado: “Es ya un sentimiento generalizado que los hombres quieren intervenir en su propio destino. Quieren ser dueños de sí mismos. Se oponen a que se les mire como rebaño o masa.

Tampoco quieren ser egregios –separados– de los demás. Quieren simplemente tener criterio personal sobre las cosas que les suceden y que les sea fácil asociarse con los que quieren conseguir lo mismo o con quienes piensan de modo semejante, constituyendo sociedades que, dentro de su nivel, pesen en las decisiones que les afecten. Quieren ser actores y no comparsas del juego político-social en el sector concreto en que se desarrolla su actividad profesional, cultural o religiosa.

Acaso sin saberlo expresar, quieren un Estado-Árbitro, no un Estado-Providencia, ni menos un Estado-Pactista; un Estado que mantenga su posición directiva, pero dentro de un orden jurídico estable que determine con verdadera generosidad la competencia de las asociaciones nacidas del fondo social”. Este cambio social tiene que llevar consigo un cambio jurídico.

El ordenamiento, pues, se hace eco del cambio y lo refleja. Si no se actualizan los instrumentos y mecanismos jurídicos, seguirán existiendo dos caminos paralelos –Estado y Sociedad– cuya intersección será difícil y dudosa. La dinamicidad de la ley procede, en definitiva, de la dinamicidad del bien común, el cual constituye el fin propio de las leyes.

En el Perú, se advierte un divorcio entre la norma y la costumbre, entre la ley y la praxis. La influencia del positivismo a ultranza ha traído consigo un fenómeno que bien puede denominarse legalista, pues lejos de involucrar a la población que realiza sus actividades y operaciones cotidianas basados en el derecho natural y las costumbres, la fuerza a seguir un sistema que desconoce. Este hecho conlleva doble dificultad. Por una parte, las disposiciones del Estado no recogen toda la gama y alternativas que tiene la sociedad para establecer sus acuerdos o compromisos.

De otro lado, el ciudadano encuentra que las normas no responden a su manera de operar y, tiene que “aprender” nuevos modos para maniobrar dentro de un marco establecido, modos que terminan por desvirtuarse o acomodarse a sus exigencias tal vez poco “legales” pero de cuya eficiencia y practicidad nadie discute.

Conceptualmente, el Estado peruano es urbano. Su precaria influencia se extiende a zonas donde es visto como ‘necesario’. Su concepción y enfoque debe involucrar a todo el territorio nacional. En consecuencia, su sistema jurídico debe responder a la heterogeneidad del país; de lo contrario, no pasaría de ser el sombrero de un normal atuendo de vestir.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.