Posiblemente la Convención de Filadelfia de 1787 inspiró el art.16 de la declaración francesa de derechos, el cual afirma que el país donde no se garantiza la Separación de Poderes carece de Constitución. Los colonos rebeldes decidieron inventar una forma de gobierno que, a diferencia de lo que sucedía en Inglaterra, asegurara la separación entre el gobierno federal y las cámaras legislativas. A pesar de que en el régimen británico el Primer Ministro es el diputado líder de la mayoría parlamentaria, no es posible afirmar que a orillas del Támesis no exista un marcado respeto por una Constitución que constriñe al poder y preside todas las deliberaciones políticas, tanto en los despachos de Westminster como en las sobremesas de Newham. Así, con el perdón de John Locke, debemos apuntar que el principio de separación de poderes se concreta cuando la administración de justicia disfruta de una razonable autonomía con respecto a los órganos de decisión política, Ejecutivo y Legislativo.

Precisamente, esa autonomía es amenazada en la actual España socialista. El grupo parlamentario del actual jefe de gobierno ha presentado un proyecto legislativo para que el necesario recambio de 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial, en lugar de ser aprobado por los 3/5 del Congreso y Senado, puedan ser elegidos con solo la mayoría absoluta en segunda votación; quitándole incentivo a negociar de inicio con la oposición, entregando la Justicia a la complicada alianza con el comunista Podemos y los separatistas radicales. Lo que podría parecer una razonable medida para resolver un bloqueo político, puede constituir el fin de la relativa autonomía de la judicatura española.

El debate ha permitido que las asociaciones internas en las que se organizan los jueces y fiscales de acuerdo a su tendencia ideológica, al igual que en Italia, exijan recobrar la atribución de elegir a esos 12 miembros mediante el sufragio secreto de todos los integrantes de la judicatura, rescatando el concepto original de los consejos superiores de justicia: el autogobierno de los jueces. Por supuesto, los grupos de poder político y económico saben que de esa manera los integrantes de la judicatura actuarían de manera independiente, sin necesidad de ayudas externas para su ratificación y ascensos.

En nuestro país los miembros de la JNJ tienen la tarea fundamental de desprenderse de las agendas de ONG y grupos de poder, que aspiran a controlar la administración de justicia, para erigirse en custodios de la independencia y autonomía de jueces y fiscales, pues solo así habrá Constitución en el Perú.