La batalla de las palabras

La batalla de las palabras

La reciente visita de la segunda delegación de la Comisión IDDHH de la OEA –a diferencia de la primera absolutamente direccionada y prejuiciada por el nefasto régimen castillejo-, ha insistido en la necesidad de que las deplorables muertes y desmanes que vienen enlutando y desgarrando al país tienen que ser investigadas objetiva e imparcialmente y debidamente sancionadas y reparadas vengan de donde vengan. Esto nos lleva, por lo menos, a tratar de terminar con la hipócrita y demagógica discusión de calificar como derecho a la protesta social aquello que degenera en vandalismo y, peor, llamar como meros hechos de alteración de la paz y la seguridad públicas aquello que, claramente, son actos de terrorismo. Vayamos por partes y cucharadas.

La Constitución de todo Estado Democrático reconoce y garantiza al ciudadano, bajo la protección de los Derechos de Reunión y de la Libertad de Expresión, el ejercicio a la protesta pacífica y vaya que en el Perú de hoy existen legítimos motivos para manifestar hasta con vehemencia dicha queja o disconformidad por el estado de cosas. Nada que discutir al respecto. Empero, cuando esta movilización popular por los actores y razones que sean genera violencia y provoca muertes, bloqueos de carreteras, saqueos y destrucción de la propiedad pública y privada, aquello es VANDALISMO y tipifica de Delitos contra la Tranquilidad y la Paz Públicas. Y todavía hay más. Si este desmadre criminal como también ocurre viene agravado por conductas subversivas que buscan crear zozobra, alarma o terror con evidentes fines políticos ajenos a cualquier protesta social válida, entonces esto es TERRORISMO sancionado por la legislación penal.

Basta de pasar gato por liebre con el propósito de victimizar a delincuentes encubiertos de protestantes y de pretender descalificar y desprestigiar colectivamente la acción de la Policía Nacional y de las FF.AA. en el restablecimiento del orden y la seguridad interna de la Nación. Que se investigue e individualice legalmente a todos los responsables de la violencia homicida y destructiva y, también, de los abusos que pudieran haberse cometido en su represión. Pero basta de caer en el juego de palabras incitado por extremistas, vándalos, subversivos y terroristas. ¡AMÉN!

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