La violencia social de la cual estamos siendo testigos al sur y el norte del Perú está teniendo efectos nefastos para nuestro país. Ciertos grupos de manifestantes están generando no solo pérdidas personales y económicas a través del vandalismo, sino que están incrementando a pasos agigantados la incertidumbre que nos invade.

Tener a la capital del país prácticamente sitiada, con las principales vías de abastecimiento bloqueadas, está trascendiendo a aquello que puede ser considerado una manifestación legítima y ha creado un clima político adverso al pluralismo democrático. Además pone en evidencia la debilidad de nuestro Estado de derecho.

La delincuencia, la destrucción de propiedad privada y el cobro de cupos para circular por la carretera, como en épocas que ya creíamos superadas, generan en la población un reclamo por autoridad. Este reclamo puede ser fácil y peligrosamente confundido y aprovechado por un burdo autoritarismo que termine por socavar la institucionalidad democrática.

La inacción del gobierno no está contribuyendo en lo más mínimo a apaciguar la situación de conflicto. Es una obligación del Estado y del gobierno combatir el quiebre el orden social provocado a través de la violencia y la trasgresión de la ley, por lo tanto la no intervención del gobierno de Sagasti constituye una violación de lo que es un deber constitucional.

En tal sentido que el gobierno haya elegido evadir su deber revela su debilidad y, además, que hay una confusión respecto a cuál es el rol que debe cumplir. El gobierno del Partido Morado tiene que entender que ya no es más una bancada minoritaria y que ha pasado a liderar el país, por lo tanto tiene que actuar de acuerdo a la responsabilidad que ellos mismos han buscado asumir.

De lo contrario, seguirán jugando en pared con la izquierda tradicional que se especializa en agudizar las contradicciones para aumentar la percepción de conflicto e imponer así sus objetivos políticos, lo cuales no han logrado a través de las urnas. Prueba de que eso es lo que buscan es que no tienen mayor reparo en justificar la violencia -dejando al descubierto su falta de vocación democrática- con la aspiración de replicar lo que ocurrió en Chile y lograr eventualmente un cambio constitucional.

La situación de caos que han generado con la complicidad de un gobierno débil ya consiguió la derogación del régimen agrario que había producido niveles de desarrollo indiscutibles. Esto ha creado una situación de incertidumbre para los trabajadores formales que antes no existía, y que evidentemente no traerá solución a los reclamos de los trabajadores informales que no gozaban de sus beneficios.

Ahora su destino está en manos de un Congreso que simplemente no da la talla y que difícilmente logrará encontrar una alternativa viable.

En una democracia representativa no debe haber lugar para las presiones políticas ejercidas a través de la violencia en las calles. Si seguimos tolerando esta situación, estamos abriéndole las puertas a una forma de hacer política en la cual hay una sinergia entre el poder y la turba, que coacciona a ciudadanos y autoridades, hundiéndonos en la demagogia y el populismo.