No pudo ser más oportuno el pedido de vacancia del Congreso contra el jefe de Estado Pedro Castillo, como lo demuestra el cierre de cuatro minas por parte de su primera ministra Mirtha Vásquez, apenas 24 horas después de haber repetido ante la Conferencia Anual De Ejecutivos (CADE) su “Voto de Washington” de respeto a la inversión privada (19/9/2021).

La premier volvió a enfundarse su antigua tenida de Caperucita Roja para arremeter, desde Coracora, contra “las minas cercanas a las cabeceras de cuenca”, como lucía en Cajamarca, para anunciar oronda el cierre de la minera Apumayo del grupo Aruntani (incendiada el último 28 de octubre), Inmaculada y Pallancata del grupo Hochschild y Breapampa (exBuenaventura).

Para peor, el ministro de Energía y Minas Eduardo Gonzales Toro, de talante claramente antiempresarial, que ha conformado un equipo de digno de Terror.com en su ministerio, emitió un comunicado que es un homenaje al modismo “sarasear”: un verdadero estofado de palabras sin mayor significado.

Castillo en la CADE también aludió, sin querer queriendo, el cambio de Constitución: “la economía social de mercado no permite monopolios, oligopolios ni concertación de precios. Una auténtica economía social de mercado es aquella que promueve y protege los intereses de las mayorías, fomenta la libre competencia y no tolera el aprovechamiento de la ley para beneficio propio, como lo hacen pequeños grupos”, finalizando: “soy un presidente que ha sido elegido para generar los cambios que el pueblo ha trazado en las urnas y me ratifico en esos objetivos”. A buen entendedor…, queda claro que permanece inmanente el Mensaje de Jaén (25/10/2021) donde pidió la Nacionalización de Camisea.

Lo más grave del cuento es que la Confiep (y los líderes de la CADE) habían depositado su fe en el ala “caviar” del gabinete Vásquez, cuyas figuras destacadas: el ministro de Economía Pedro Francke y el ministro de Justicia Aníbal Torres, se encuentran inmersas en un creciente escándalo de favorecimiento a familiares mediante contrataciones con el Estado.

Quien estuvo más locuaz en este zoom empresarial fue el ministro Francke, donde si bien ofreció una nueva ley de Contrataciones del Estado, en casa del herrero cuchillo de palo, olvidó señalar que en el 2022 nos endeudará por S/ 41,000 millones.

Es decir, el 21.5% del presupuesto del 2022 que asciende a S/190,000 millones, que viene plagada de bonos de regalo como Yanapay, financiados con Bonos Globales de mayor deuda, como los US$ 5,200 millones que ha emitido el Perú con el asesoramiento del Bank of America Merril Lynch (su banco amigo), elevarán en 50% el servicio de la deuda hasta los S/ 21,445 millones, que es el segundo gasto más significativo del próximo año, luego del sector educación.

Finalmente, la presidenta de la CADE, Elena Conterno de IPAE (Intercorp), así como los principales directivos del BCP (Ferrari), Alicorp (Pérez Gubbins), Scotiabank (Ucelli), Ferreyros (Garcia), Backus, Añaños, Asbanc, Apeseg, desaprovecharon la oportunidad de esta cita empresarial para disculparse por haber protagonizado el muy sonoro Banderazo “#DePie por la protesta” con el que participaron en las violentas marchas de apoyo a Martín “El Lagarto” Vizcarra (11/11/20), fungiendo de tontos útiles de la caviarada, lo que catalizó la elección de Pedro Castillo y la actual amenaza del cambio de Constitución.

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