Hubo un atentado al Capitolio de Washington, Trump había denunciado fraude en las elecciones estadounidenses. Sus seguidores difundieron mensajes y videos del asalto a través de la red social Parler. Los gigantes tecnológicos —conocidos como GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple)— tomaron acciones inmediatas: bloquearon la cuenta de Trump, dejaron de hospedar la web de Parler y eliminaron la app de sus catálogos.

Las “Big Tech” dijeron que Parler era un riesgo para la seguridad pública por incumplir normas contra el discurso de odio. Parler dijo que se restringió la libertad de expresión y la información y planteó una demanda por conductas monopólicas. Están contrapuestas la libertad de expresión y la restricción del discurso de odio.

Esta disyuntiva no es nueva, los estudiosos han venido proponiendo formas de abordarla sin dejar de garantizar la libertad de expresión. Martín Risso propone que: a) el emisor tenga la intención de causar un daño, b) la víctima esté en riesgo claro (no basta una ofensa) y c) la incitación al receptor sea efectiva. ¿Esta evaluación, tan delicada para cualquier Estado, podría superarla una empresa que compite con el difusor del mensaje?

Imaginemos que vendemos un determinado bien en una tienda, pero el dueño de esa tienda —que también los vende— tenga la potestad de decidir si nuestros productos son de calidad y permanezcan en la vitrina. ¿Confiaríamos en su imparcialidad? En nuestro caso, el mercado de las ideas —cuya actividad es la base para nuestra libertad y autonomía (pues las podremos aceptar, rechazar o cuestionar), según sostuvo Enrique Sotomayor— ahora está dominado por el grupo GAFA.

La autorregulación de los gigantes tecnológicos no aparenta neutralidad. Lo cierto es que tienen el poder para silenciar hasta al presidente de los Estados Unidos y, desde luego, para sacar del mercado a su competencia. Aunque en algunos casos puedan acertar, lo preocupante es la facilidad con la que la restricción del discurso del odio puede convertirse en una excusa para censurar ideas simplemente incómodas.

En este caso, el abuso de una posición dominante en el mercado también es una carta libre para restringir la libertad de expresión y la autonomía de los ciudadanos. Pareciera un curioso escenario orwelliano en el que el totalitarismo ya no proviene del partido ficticio Ingsoc (de la obra 1984), sino de un superestado digital.

Christian Guzmán Arias-Abogado Asociado Senior, Jefe del Área de Competencia y Buenas Prácticas de Mercado de TYTL Abogados