La Constitución y la inclusión social
La Constitución y la inclusión social
En un país como el Perú hablar de inclusión social supone una serie de retos permanentes y constantes para el Estado. Se presente como un proceso que permite mejorar habilidades y oportunidades a favor de personas, que por su identidad se ven excluidas de participar en el desarrollo económico y social por estar en desventaja. La inclusión social tiene que ver con generar mejores condiciones de vida para los excluidos en situación de pobreza y de extrema pobreza.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad señala la obligación del Estado de asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación y adoptando todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole para hacerlos efectivos. Es así que el artículo 7 de la Constitución dispone contar con un régimen legal que garantice su cumplimiento promoviendo las condiciones necesarias para su “inclusión en la sociedad”.
Es así como se incorpora la inclusión social en el texto constitucional y es a partir de las obligaciones estatales que en ella se establecen que las personas con discapacidad ven garantizados sus derechos, por lo menos desde el punto de vista formal. El sentido que la Constitución le da a la inclusión social es afín a la capacidad de generar oportunidades para las personas con discapacidad que en armonía a lo establecido en el Capítulo II se da a partir de condiciones de acceso al derecho a la salud, educación, trabajo, entre otros.
En esa misma línea, la actual Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030 aborda de manera transversal y multidimensional la condición de pobreza y cómo esta impacta en las distintas necesidades de la población aplicando diversos enfoques como la perspectiva de discapacidad que tiene como finalidad última procurar de forma plena y efectiva su participación activa en la sociedad. Según la ENAHO 2021, el 79.3% de la población con discapacidad que vive en zonas rurales es pobre multidimensional, es decir se ve mayormente limitada por la falta de acceso a oportunidades, a una educación de calidad, acceso a internet, empleo y seguridad social y no por la discapacidad que adolecen.
Pero además, la medición de la pobreza multidimensional nos permite advertir que el 86.9% de la PEA con alguna discapacidad se mantiene laborando en el mercado informal, acentuando así su situación de precariedad.
Finalmente, es importante señalar que garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad a partir de las políticas públicas es parte del pleno desarrollo del principio constitucional de igualdad material, lo cual contribuye a acortar las brechas y que no se logra solo con el mero reconocimiento legal de sus derechos.
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