En algunos sondeos de opinión la corrupción roba el primer puesto, como principal problema de la sociedad, a la seguridad ciudadana, dependiendo de la intencionalidad de las noticias del día, pues son los medios de comunicación los que despiertan, acrecientan y canalizan esas emociones colectivas que solemos denominar opinión pública, y que suelen ser tan intensas y duraderas como lo requieran los grupos que detentan el poder, aquí, en España y en Senegal. Habiendo empezado la campaña, resurgirá el tema de la corrupción si resulta útil para desacreditar al adversario, aunque a estas alturas de la crisis política, es difícil identificar a algún grupo electoral que no deba defenderse constantemente de denuncias, falsas o verdaderas; sin embargo, en la mayoría de planes de gobierno encontramos lugares comunes, listados de buenas intenciones y mención a los valores como antídoto eficaz.

Cientos de militares y religiosos, educados en valores desde su juventud, en un momento de sus vidas decidieron traicionar a sus maestros, a su condición y a sus creencias, demostrando que la formación no es decisiva en este asunto. La corrupción es fruto de una decisión consciente y meditada, que pondera riesgos y beneficios. El dilema todos lo hemos vivido alguna vez en nuestra vida, frente a un semáforo o ante la promesa de un bien deseado. La clave es que el posible costo de la inconducta no pueda ser eludido porque existe una supervisión eficaz, una administración de justicia implacable y, lo más temible, una sanción social que margina al delincuente y lo sepulta en vida; si esa fuese la realidad, lo lógico sería tomar la decisión correcta.

Así, la estrategia gubernamental propuesta debe enfocarse en mejorar la supervisión, fortaleciendo la Contraloría y permitiendo que acompañe a los funcionarios desde el inicio de los procesos; concentrando, por ejemplo, las adquisiciones de todas las municipalidades y gobiernos regionales en un solo organismo a nivel nacional donde exista un férreo control. La judicatura debe sujetarse a precedentes vinculantes de la Corte Suprema y tener una academia que, en forma obligatoria, prepare a todos los integrantes de una auténtica carrera judicial, de forma similar que la diplomática; brindando luego al juez y al fiscal la necesaria independencia, haciendo que sus ascensos solo dependan de una JNJ sin ninguna influencia política.

El condenado no debe poder reingresar al servicio público en ninguna de sus modalidades, ni ejercer la profesión de colegiatura obligatoria. El costo debe ser tan alto, el riesgo tan grande, que ningún posible beneficio pueda justificarlo.