1.- El presidente de la República, Martín Vizcarra, enarbola la bandera de la lucha anticorrupción, pero, paradójicamente, la corrupción está en sus narices: en el Ejecutivo.

En las últimas horas nos hemos enterado de que los ministros Rocío Barrios (Produce) y Carlos Lozada (MTC) afrontan pesquisas fiscales por los supuestos delitos de peculado y colusión, respectivamente. Barrios, cuando era directora de asuntos administrativos de la PCM en el 2014, habría favorecido -a través de contratos simulados- a dos empresas para el mantenimiento de 40 vehículos. De acuerdo al Ministerio Público, la ministra de la Producción “se apropió dolosamente” de más de 177 mil soles, por lo que el MP ha requerido 9 años y 3 meses de prisión efectiva en su contra. Lozada, en tanto, habría beneficiado -en su papel como director de Provías Nacional en el 2018- a una empresa española con la licitación de obras para el mejoramiento de la carretera Checca-Mazocruz (Puno), pese a que esta firma no tenía siquiera RUC ni código de cuenta interbancario. EXPRESO reveló, asimismo, que el ministro de Transportes y Comunicaciones autorizó, el último día del 2018, el pago de 13 millones de soles a Obrainsa, investigada por el ‘Club de la Construcción’ (CC).

Pero la mugre en el Gobierno no es novedad. El expremier -y operador de Martín Vizcarra para llegar a la Presidencia- César Villanueva afronta una orden de 18 meses de prisión preventiva por supuestamente haber recibido coimas de la corrupta constructora Odebrecht a cambio de la carretera San José de Sisa (San Martín). Además, Edmer Trujillo, extitular del MTC, es investigado por el adelanto de más de 41 millones de soles a la compañía ICCGSA, también involucrada en el CC, mientras Vizcarra era gobernador regional de Moquegua. La Fiscalía de la Nación, de igual forma, estudia abrirle indagación a Juan Carlos Liu, exministro de Energía y Minas, cuya empresa asesoró en el 2012 a Odebrecht en el proyecto Gasoducto del Sur (GSP). Liu, como se recuerda, renunció al Minem luego de que se descubriera que se reunió -por intermedio el exprocurador Jorge Ramírez- con representantes de la firma transnacional para conversar sobre la demanda ante el CIADI por el retiro de la concesión del GSP.

Así, urge que el “jefe de Estado” -como señalé en una columna anterior- deje de mirar la paja en el ojo ajeno y se ocupe de la viga en el propio. Señor Vizcarra, la corrupción está en su casa y, si pretende hacerse de la vista gorda, pues solo se convertirá en un vil cómplice. En medio de tanto escándalo, ¿le darán los nuevos congresistas el voto de confianza al gabinete liderado por el “ingeniero” Vicente Zeballos?

2.- Es evidente que la procuradora ad hoc Silvana Carrión, quien participó de la firma del acuerdo lesivo con Odebrecht, busca callar -jugando en pared con Cuarto Poder- a Katherine Ampuero, quien es férrea crítica del convenio que ha permitido que la corrupta constructora pague solo 610 millones de soles por reparación civil (¡en 15 cómodas cuotas!) y recupere 524 millones de soles por la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla. En vez de estar saliendo patéticamente con su pizarrita a criticar gestiones anteriores, Carrión debería explicarnos por qué no se incluyó en el acuerdo de colaboración eficaz una cláusula que evite que los brasileños nos demanden ante el CIADI. Otra que no se mira al espejo antes de salir con el dedo acusador.