Se ha repetido hasta el cansancio que justicia que tarda es injusticia y arbitrariedad porque el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de toda persona exige una respuesta oportuna, eficaz y que satisfaga estándares mínimos de equidad con valoraciones razonables, proporcionales y lógicas.

Caído Fujimori por corrupción, surgió el sistema anticorrupción en el Poder Judicial, lo que conllevó al desarrollo de los procesos en cámara lenta, cuya estructura e imagen mediática estaba influenciada y hasta impulsada por una innegable influencia caviar. Los procesos duraron una eternidad y ya sabemos en qué terminó todo.

Hasta este momento aún no se admitía en el sistema penal peruano la figura del capo de capos como un colaborador eficaz, porque si el objetivo era desmantelar organizaciones criminales llegando a reprimir penalmente a la cabeza y círculo de mando de estas, no cabía que el capo fuera el delator porque empezaría a manipular las investigaciones para salvar su organización, o disfrazarla, quedar impune y mantener sus riquezas mal habidas, especialmente si llegaba a controlar la ruta mental de investigación de fiscales y jueces.

Algo así como que un General imputado de delitos de función, acogiéndose a la colaboración eficaz, no brindara información sobre la intervención de su comando, sino que se dedicaría a señalar como culpables a sus subordinados.

No pasó una década desde la caída de Fujimori cuando los escándalos de corrupción volvieron a desatarse y las investigaciones nuevamente mostraban una enorme injerencia caviar, especialmente en la Fiscalía, en donde, siguiendo la tendencia brasilera, admitieron como colaboradores eficaces a los capos de Odebrecht y a los encumbrados mafiosos nacionales del llamado club de la construcción.

A la injerencia caviar se sumó la intromisión impune del gobierno de Vizcarra, defensor a ultranza del equipo Lava Jato, aliado y protegido por la Fiscalía de la Nación e impulsor de la designación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

Los capos de Odebrecht quedaron impunes, jugaron con nuestros fiscales en función de sus intereses, con lo cual obtuvieron la devolución de su patrimonio, cambiaron su razón social y continúan haciendo negocios con el Estado. El dedo acusador solo señala a los idiotas que se dejaron corromper por ellos.

Los mafiosos del club de la construcción también andan libres, son colaboradores eficaces, han acudido a Indecopi iniciando procesos concursales para no pagar deudas y extinguir sus razones sociales mientras van constituyendo nuevas empresas que negocian en grande con el Estado. Su dedo acusador solo se dirige contra los grupos empresariales más pequeños a los cuales utilizaron para usufructuar sus fechorías.

Ahora que la situación política ha cambiado, todos los operadores de justicia andan buscando protección asumiendo posturas denigrantes de victimización.

Nuevamente el sistema de justicia ha perdido otra gran oportunidad de legitimación social.

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