La crisis migratoria no lo resuelven segundos ni terceros países
La crisis migratoria no lo resuelven segundos ni terceros países
En estas últimas semanas, viene siendo un problema serio de migración para el Perú, el que el gobierno chileno haya dispuesto que ciudadanos venezolanos, que se encuentran en el territorio del país vecino del sur, al pretender retornar a Venezuela lo hagan por nuestro espacio territorial, “colocándolos” en nuestra línea fronteriza.
La autonomía e independencia del Perú, que se fundamenta en el ejercicio de su soberanía, espacialmente se extiende a lo largo y ancho de nuestro territorio; por lo tanto, ningún Estado puede realizar acciones, producto de las decisiones de gobierno, que afecten o violenten la soberanía del país vecino. En consecuencia, lo que viene promoviendo Chile para solucionar su problema interno es atentar en contra de nuestra autonomía, tratando de obligarnos a recibir a migrantes extranjeros que se encuentran en difíciles condiciones de vida y que, como acto de humanidad, deben ser atendidos por la autoridad gubernamental del país donde se encuentren.
Si bien es verdad que la cancillería peruana, a través del vicecanciller, ya inició conversaciones con su similar de Chile para encontrar soluciones al problema migratorio existente, lo cierto es que, en este caso, debió haber sido el gobierno chileno el que directamente, con su par venezolano, debió haber tratado este asunto, evitándole generar problemas a nuestro país.
Además, si se toma en cuenta lo que la prensa nacional e internacional viene anunciando, en el sentido de que el gobierno venezolano está pidiendo “garantías de seguridad” para trasladar a sus nacionales de retorno a su país; entonces, nuestra cancillería debe exigir al gobierno chileno que deje de molestarnos y, en su lugar, brinde todas las facilidades y condiciones necesarias que permitan un seguro retorno de los ciudadanos venezolanos a su país de origen.
Es una responsabilidad elemental, como acto de humanidad, que el gobierno chileno debe atender, evitando “soplar la pluma al país vecino”, auxiliando al numeroso contingente de ciudadanos venezolanos que necesitan satisfacer, por lo menos, sus más prioritarias necesidades, para llegar sanos y salvos a su natal Venezuela.
En consecuencia, si el propio gobierno venezolano está en condiciones de atender a sus nacionales que se encuentran en el extranjero, y quieren retornar a su patria, la solución del problema migratorio no está en manos de segundos o terceros países, sino corresponde al país afectado por la migración no deseada el tratar directamente con las autoridades del país de donde proceden los ciudadanos migrantes.
Los problemas derivados de las decisiones de política interna que afecta lo económico y social a la población de un determinado país, no pueden resolverse bajo la presión que otros países ejerzan sobre el que se encuentran con esas dificultades; pues, eso significa atentar contra el principio de no intervencionismo. Principio que, lamentablemente, con inusitada frecuencia no se cuida ni se respeta, particularmente, por las grandes potencias.
El no respetar el indicado principio de no intervención evidencia que los países que se ven involucrados en el conflicto, el interés que tienen no es el de solucionar lo social, es decir el problema que tiene la población, sino “sacar provecho”, agudizando más los inconvenientes de vida, para obligar a la autoridad de gobierno a tomar decisiones que satisfagan las aspiraciones de control poder en el manejo de la comunidad internacional, que tienen los países que controlan el mundo.
Se ha hecho costumbre que, en el funcionamiento de la sociedad internacional, cuando a una estructura social se le quiere imponer que funcione dentro del marco de una determinada concepción ideológica, se le fuerza o presiona a su población a actuar bajo un sistema que muchas veces está muy alejada de su realidad o, lo que es lo mismo, termina siendo inaplicable.
De las “buenas intenciones” de los grandes países y de sus gobernantes estamos cansados. Dejemos que las propias comunidades nacionales encuentren las soluciones a sus propios problemas y que, si se trata de que otros Estados sean requeridos para acudir en su ayuda, lo hagan sin plantear condiciones que signifiquen someter al país con problemas a depender en lo económico y político, perdiendo así su capacidad de autodeterminación.
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