A pesar de que todo indica que se ha iniciado la etapa de decaimiento de la convulsión social producida por el golpe de Estado de Pedro Castillo (quien llamó a asociaciones, rondas, frentes de defensa y distintos actores sociales a respaldarlo), parte de la población, principalmente al sur del país, sigue movilizada en contra del gobierno de Dina Boluarte, y es probable que en los próximos meses continúen realizando bloqueos en distintas carreteras (cada vez menos) y se susciten algunos casos de manifestaciones violentas.

Las últimas semanas Lima también fue escenario de protestas violentas, que han dejado el lamentable saldo de un manifestante fallecido, más de una veintena de policías heridos, miles de soles en pérdidas para los empresarios y comerciantes de Cercado de Lima, y millones de soles en daños causados al patrimonio público.

En este contexto, el domingo pasado Boluarte dio un mensaje a la nación advirtiéndole al Congreso que, si no establecían una fecha para el adelanto de elecciones, ella presentaría dos proyectos de ley para zanjar el tema.

Más allá del contenido de estos proyectos de ley (la que plantea elecciones generales para el 2023 fue presentada poco antes de cerrar este artículo), el mensaje de Boluarte parece buscar generar polémica con el Parlamento, ponerse en la antípoda, convertirlo en el enemigo: la estrategia más básica y útil de la historia humana.

Y cómo no hacerlo, si el Parlamento, con sus confrontaciones internas permanentes y la pésima imagen de sus representantes por denuncias de diversa índole, resulta muy buen chivo expiatorio. La cantidad de voces disonantes y la posibilidad de que cada congresista represente formas particulares de entender y proponer políticas, la hace una institución vulnerable a tener en contra a la opinión pública.

Sin embargo, una reacción contundente del Parlamento parece improbable: está claro que, a pesar de no contar con una bancada que le dé respaldo, es muy poco probable que Boluarte pueda ser vacada por el Congreso (por lo menos en el corto plazo), debido a que, en caso de sacarla del poder, tendría que llamarse a elecciones en un plazo de seis meses; algo a lo que se opone la mayoría de los parlamentarios. La posibilidad de que pueda renunciar también le brinda un margen de maniobra política que podría poner al Congreso contra las cuerdas.

Nos encontramos en un escenario nuevo para el Perú. Cuando PPK estuvo a punto de ser vacado antes de su renuncia, el Congreso no dudó, porque Martín Vizcarra lo sucedería, lo mismo pasó cuando lo vacaron fallidamente y pusieron a Mercedes Aráoz de presidenta; la sucesión se mantenía, aunque política e institucionalmente ganó la tesis de la disolución del Parlamento por la denegación “fáctica” de confianza. Más adelante, con otro Congreso, Martín Vizcarra fue vacado, pero ya faltando pocos meses para que culmine su mandato.

Si bien Boluarte ha mostrado una actitud confrontacional con el Parlamento, aún se mantiene moderada, lo que hace pensar que es posible que el Gobierno busque una confrontación más abierta según pueda requerirlo.

El Congreso de la República se encuentra en una posición complicada que pone en riesgo su permanencia en el corto plazo, lo que probablemente lleve a las bancadas a buscar consensos más amplios, que le permitan tener un rango de negociación con el Ejecutivo, por lo menos hasta que se termine de definir lo del adelanto de elecciones.

Se debe considerar que, de aprobarse la propuesta del Gobierno para adelantar las elecciones al 2023, tendría que votarse con más de 87 votos en dos legislaturas distintas para que no deba ir a referéndum, por lo que, aun siendo aprobada en la actual legislatura (extendida hasta el 10 de febrero), habría un espacio de acción para la dinámica política, que es siempre impredecible.