La cuestión de ataque

La cuestión de ataque

Sabemos que la ley vigente impide presentar una cuestión de confianza para reformar la Constitución, o para obligarlo a que apruebe un proyecto o impedir que el Congreso cumpla con sus atribuciones, solo sirve para impulsar proyectos directamente referidos a políticas de gobierno. Los hechos nos demuestran que la CdC ha sido empleada por Vizcarra y ahora por Castillo para atacar a mayorías parlamentarias que no se someten a su deseo de concentrar poder, en ningún caso para forzar la realización de proyectos de desarrollo, la construcción de aeropuertos o hidroeléctricas, la solución de conflictos mineros o en favor de leyes que eliminen obstáculos para invertir y emprender.

Hoy, el Ejecutivo desprecia la capacidad de gobernar que le ha sido otorgada por el pueblo, pues quiere todo el poder que en democracia está distribuido entre distintos órganos constitucionales y, para ello, necesita habilitar un referéndum que autorice la convocatoria de una Asamblea Constituyente amañada, compuesta por delegados digitados, supuestamente representantes de grupos sociales controlados por partidos comunistas y socialistas. Se enfrenta por ello a un Congreso heterogéneo, que mal que bien, representa las corrientes políticas más importantes en el momento de su elección. En la guerra desatada no son muchos los congresistas que defienden principios democráticos y valores constitucionales, pero los otros, por intuición, descubren que el verdadero deseo del Gobierno es obligarlos al cambio de sistema, someternos al socialismo bolivariano.

La argucia de formular sucesivas CdC, como ha anunciado Aníbal Torres, no tiene como objetivo facilitar las tareas de gobierno, y eso lo debe conocer la misión de la OEA, pero también debemos reconocer la urgencia de reformar la Constitución. En el parlamentarismo el jefe de gobierno puede plantear la CdC cuando la mayoría parlamentaria de la cual es líder no respalda un proyecto gubernamental; significa entonces que es un recurso para disciplinar a los diputados del partido o alianza oficialista; gobierno y mayoría parlamentaria han recibido el mismo mandato popular, pues solo hay elecciones legislativas. En un presidencialismo resulta ilógico que el delegado del jefe de gobierno plantee la CdC ante el Congreso, pues provienen de distintas elecciones con diferentes mandatos; cómo puede el Ejecutivo exigir al Legislativo que le apruebe proyectos de ley para ejecutar su plan de gobierno, si normalmente los congresistas son de otras tendencias políticas, y han sido elegidos para ser oposición. En ese contexto, castigar con la disolución a una Cámara que cumple con hacer control político es surrealista e ilógico. Corresponde al gobierno hacer política, formar una alianza, construir su propia mayoría. La cuestión ya no es de confianza, solo de inútil confrontación, de ataque vil.

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