Cuando se crearon las cortes internacionales, el mundo vio como bueno que existieran espacios de Justicia para crímenes y violaciones de derechos humanos, que cada vez más trascienden las fronteras de las naciones y que muchas veces cuentan con la complicidad de los gobiernos, o estos son sus principales autores.

El sistema interamericano de Derechos Humanos se formó para garantizar el cumplimiento de los tratados de Derechos Humanos en las Américas. Cuando se creó la Corte Penal Internacional para investigar y sancionar los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión, la humanidad aplaudió.

Lo cierto es que principalmente las Cortes de Derechos Humanos en América y Europa han tenido un desempeño bastante bueno para cautelar las violaciones de derechos humanos por los Estados en agravio de sus ciudadanos; a la Corte Penal Internacional no se le conoce aún una actividad trascendente que haya demostrado el logro de sus objetivos.

En los últimos años las cortes de Derechos Humanos han dado un giro ideológico contrario a los principios y valores que sustentan los tratados de Derechos Humanos que las crearon, especialmente en América, donde se van emitiendo sentencias que pretenden dejar sin efecto las normas internacionales de derechos humanos para imponer a los Estados como dogmas de gobierno y políticas públicas las contra ideas del “progresismo”, que son claramente contrarias a las normas expresas de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Esto no debería ser motivo para salirse de su jurisdicción, lo cual es un grave error geopolítico, sino motivo para exigir internacionalmente la vuelta a los fundamentos de la creación de estos organismos que están en blanco y negro en tratados que aprobaron su creación, y demandar su reorganización.

Ningún Estado puede verse obligado a cumplir una sentencia de una corte internacional que vulnera el tratado de derechos humanos que la constituyó, porque deviene en inejecutable por los principios de la doctrina del Derecho Internacional.

Pero pretender salirse de una Corte o de la CIDH, porque emitió informe sobre violaciones de derechos humanos ciertos y de público conocimiento, sólo revela el precario nivel moral de un gobierno, que no sólo ha dejado de ser democrático desde sus actos quebrantadores del Orden Constitucional, sino que ha impuesto una tiranía del terror, de la injusticia y la muerte, para sostenerse con tejidos de sangre en el poder, con el injustificable aval de los otros Poderes del Estado.

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