La elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo reconfirma el turbio juego de componendas parlamentarias y la nula visión democrática de los congresistas, quienes debieron reformar una institución devenida en el mayor reducto caviar de la administración pública.

Da asco comprobar los pactos nefandos entre el fujimorismo y la izquierda marxista con el aplauso y complicidad de otras bancadas, incluidas la de derecha como Renovación Popular.

Todo el proceso, de principio a fin, consistió en ir eliminando a candidatos decentes y de trayectoria democrática impoluta como, entre otros, los juristas Víctor García Toma, Gastón Soto y Delia Muñoz simplemente con la intención de contar con un fantoche negociado para que Fuerza Popular tenga opción de llegar a la próxima presidencia de la mesa directiva del Congreso.

Los 23 votos naranjas han sido fundamentales para la alianza contra natura con Perú Libre y las otras organizaciones marxistas y han dejado una clara impresión de que Keiko Fujimori vuelve a equivocarse en el uso de su poder, en tanto su alfil Nano Guerra García es tan réprobo como el felón del vizcarrato, Daniel Salaverry. Cosa que, sin lugar a dudas, le pasará la factura al fujimorismo en las elecciones del 2026 pese al esfuerzo de gente brillante como Martha Moyano, Patricia Juárez y la joven Rosangella Barbarán.

Gutiérrez, está claro que carece de los títulos académicos esperables por encima de los requisitos mínimos para el cargo; y es innegable el vínculo con su antiguo patrocinado Vladimir Cerrón, patrón de Perú Libre e ideólogo de la subversión comunista en curso; además, no hay explicación atendible para que este antiguo parlamentario sobón de la procesada Nadine Heredia visitara hasta en 46 oportunidades al golpista Castillo en Palacio de Gobierno.

En cuanto la Defensoría, que nació con la Constitución del 93, debió reformársela. Ha perdido su esencia y es un organismo que no vela por los derechos ciudadanos, sino que difunde la identidad caviar, el progresismo, la ideología de género, las disforias sexuales y el inexistente “derecho a la protesta” de la mano con la CIDH y las ONG que trafican con los derechos humanos.

La saliente interina, Eliana Revollar, inclusive desacató la resolución del TC que la obligaba a restringirse a funciones administrativas, para apoyar la subversión terrorista.

Con Gutiérrez esto se agravará y tendremos una Defensoría enemiga del pueblo y traidora de la democracia. Y todo por la inmoralidad parlamentaria. Estamos advertidos.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.