La técnica del “embudo” se aplica desde hace varios años en el sistema penal de nuestro país: se impone con facilidad penas privativas de libertad efectivas (que causa el hacinamiento actual), mientras se exige el riguroso cumplimento de requisitos antes de conceder la excarcelación. Esto se comprueba con la actividad del legislador, que año tras año restringió la aplicación de beneficios penitenciarios a una lista cada vez mayor de delitos. Ejemplo es la Ley N° 26320 (1994), que restringió la aplicación de beneficios penitenciarios, incluyendo la redención de la pena por trabajo y educación, para el delito de tráfico ilícito de drogas agravado (artículo 297° del Código Penal). La restricción impuesta se mantuvo a través de sucesivas modificaciones (Ley N° 30054, Ley N° 30076 y Ley N° 30262).

La aplicación de beneficios penitenciarios para el caso del delito indicado cambió a partir del año 2016 con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1296. Sorpresivamente, este decreto estableció que para el delito de tráfico ilícito de drogas agravado podía aplicarse la redención de la pena mediante la fórmula de seis días de trabajo o educación por un día de libertad (6×1), manteniéndose la restricción respecto a los beneficios de semilibertad y de liberación condicional. Además, instituyó dos reglas fundamentales: 1) El beneficio de redención de la pena solo producirá efectos para aquellos delitos cometidos o sentenciados con posterioridad a su puesta en vigencia (primera disposición complementaria transitoria); y 2) El respeto del cómputo diferenciado de redención que el interno pudiera haber estado cumpliendo con anterioridad mediante la incorporación del artículo 57-A (segundo párrafo) en el Código de Ejecución Penal.

Pese a la limitación indicada en la primera regla contenida en el Decreto Legislativo N° 1296, lo cierto es que con la premisa de la retroactividad benigna y para efectos de poder considerar la suma del tiempo redimido y el tiempo efectivo y dar por cumplida la condena, este beneficio de redención de la pena por trabajo y educación mediante la fórmula 6×1 se ha venido invocando para casos de tráfico ilícito de drogas agravado previos a la vigencia del decreto indicado. Por voto en mayoría, nuestro Tribunal Constitucional optó por el régimen diferenciado sobre la base de que hubo un periodo durante el cual estuvo prohibido el beneficio, mientras que por minoría sostuvo la aplicación de la retroactividad benigna (sentencias recaídas en los expedientes 01103-2020-PHC/TC y 00749-2020-PHC/TC). Así, no existe una política penitenciaria clara. El aludido decreto legislativo dio paso a la redención de la pena por trabajo y educación mediante la regla del 6×1 también al parricidio, homicidio calificado, feminicidio, trata y extorsión, entre otros.

Posteriormente, la Ley N° 30963 (2019) dispuso que no serían susceptibles de redención de pena los delitos de trata y explotación sexual, así como también los delitos sexuales. Con esto se evidencia que los cambios frecuentes en las condiciones de otorgamiento de beneficios penitenciarios ocasionan problemas a los operadores de la administración penitenciaria, de la justicia ordinaria y, como se ha visto, también a la justicia constitucional. Esta desorientación legislativa perjudica en mayor medida a los internos que asumen el trabajo y la educación penitenciaria con determinadas reglas, con expectativas de cambio y esperanza de salida de los centros de reclusión. Al parecer, la seguridad jurídica está negada para ellos cuando inesperadamente se les cambia las reglas de juego, regularmente en su perjuicio y rara vez para su beneficio.