George Orwell en su novela “1984” expuso a sus lectores que la ideología que impulsa la concentración sistemática del poder es suficientemente astuta para presentar sus propuestas con términos ‘correctos’, desnaturalizando sus significados; así, la burocracia encargada del aniquilamiento de los disidentes era el “Ministerio del Amor” y el aparato bélico el “Ministerio de la Paz”. En la segunda mitad del siglo XX el comunismo quiso apropiarse de la palabra “democracia” vaciándola de su natural contenido teórico, no nos debe extrañar entonces que desde el marxismo cultural surja una nueva moda ideológica bajo la apariencia de liberalismo: la muerte digna.

Para engatusar a los inocentes, se sostiene la necesidad imperiosa de que el Estado garantice que todos podamos decidir cuándo morir, al margen de cualquier valoración moral; sin embargo, el suicidio no constituye delito; tenemos la libertad de arriesgar nuestra vida e incluso de ponerle fin, en tanto no afectemos los derechos de otras personas. Con ese razonamiento, es que se multa a quienes asisten a fiestas en plena pandemia e incluso se podría obligar a la vacunación, pues nuestras decisiones pueden tener consecuencias con los demás. La libertad, como los derechos, tiene límites; por cierto, la vida también los tiene.

Hoy es posible, bajo ciertas condiciones, desconectar los equipos que mantienen con vida a la persona que no registra actividad cerebral e incluso en algunos países, cuando no existe la posibilidad de retorno de un estado de coma. Pero la campaña desatada ahora no apunta a decidir cuándo suspender los procedimientos que permiten vivir de forma asistida, sino a permitir que una persona consciente, hastiada de su enfermedad, logre que un médico le aplique una sustancia química que le cause la muerte, sin consecuencia penal ni reproche social. Ese el punto más delicado, pues supondría legitimar la aplicación de la muerte a pedido, lo que inevitablemente nos recuerda las objeciones morales a la pena de muerte.

La dignidad humana no es de exclusiva titularidad del individuo, es también patrimonio de la comunidad. Trasciende al individuo para constituirse en valor social, moral y, por supuesto, constitucional. De esa forma, si decidimos libremente que nuestras circunstancias son insoportables, no podemos contratar legalmente a un sicario para que nos asesine. La pretensión ideológica es que el juez acepte banalizar la vida humana permitiendo ahora la eutanasia, como si la dignidad dependiera de la salud y de la felicidad, y mañana normalizando el aborto, como si esa misma dignidad apareciera milagrosamente en las manos del obstetra.