La semana pasada se anunció la vigencia de la Ley N.º 31146, que no solo modificó el Código Procesal Penal y la Ley N.º 28950 (Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes), sino también el Código Penal. En este último caso, la Ley N.º 31146 reubicó los delitos de trata de personas, explotación sexual y trabajos forzados en un nuevo rubro: el título “1-A”, denominado “delitos contra la dignidad humana”, situado ahora en la segunda familia de ilícitos penales, después de los “delitos contra la vida, el cuerpo y la salud”. Al respecto, considero que se trata de un gran error del legislador.

Nuestro ordenamiento penal ha sido organizado por familias de delitos en relación al bien jurídico que protegen, cumpliendo este último una función de sistematización, pero además un criterio que orienta la interpretación penal. Encabezan los actos sancionables penalmente aquellos que afectan los bienes más valiosos del ser humano, como la vida y la integridad personal, cuyas figuras más representativas son el aborto, el homicidio y las lesiones. Sin embargo, ahora tenemos que después de los delitos contra la vida y la integridad personal se ubica un conjunto de delitos considerados como atentados contra la dignidad humana. Parece ser que la Ley N.º 31146 tiene una doble intención: 1. Reorganizar algunos tipos penales (lo señala expresamente cuando dispone una reubicación) y con ello reconocer la cada vez más caótica distribución de figuras penales por las continuas modificaciones a la legislación, así como la pérdida absoluta del sentido del valor que se otorga a la intervención penal (actualmente, un feminicidio tiene un marco punitivo semejante a una modalidad agravada de lavado de activos); y 2. Subrayar que existe un grupo de delitos que atentan contra un valor que encabeza y acompaña a cada derecho fundamental, sea individual o colectivo, tal vez como una muestra simbólica de un reconocimiento especial de estos delitos o solo como una manifestación más del populismo punitivo que ya se ha manifestado con otras medidas rimbombantes, pero poco efectivas.

Reitero lo que dije en el primer párrafo: es un gran equívoco del legislador. ¿Por qué? Porque la dignidad humana, como base axiológica de todos los derechos fundamentales recogidos como bienes jurídicos de relevancia penal, ya está presente como un valor afectado o puesto en riesgo en la totalidad de actos criminales contra la persona. Toda afectación a la vida, la integridad, el libre albedrío, la libertad sexual e indemnidad sexual implica una afectación a la dignidad. La creación de un título especialmente con esa denominación es innecesario, más aún cuando son otro tipo de actos criminales los que hoy ocupan un espacio respecto a este valiosísimo valor, como los actos de lesa humanidad, los actos terroristas y los actos delictivos en el marco de la bioética, considerados en el rubro de máxima injusticia.

El intento de organización de figuras penales que han sido creadas e incorporadas desde la vigencia del Código Penal de 1991 solo debe ser realizada dentro del marco de una reforma integral con una visión a futuro que observe la valía que otorgamos a ciertos bienes más que a otros (una suerte de doctrina de las “Preferred Freedoms” aplicado al ámbito penal). Esto se traducirá en la abolición de algunas figuras penales, la incorporación de nuevas fórmulas y un reproche punitivo diferenciado y actualizado sobre la base de una jerarquización seria de los valores a proteger.

Si bien es cierto que la trata de personas, la explotación sexual y los trabajos forzados son atentados contra la dignidad humana, su afectación trae consigo, esencialmente, la vulneración al libre desarrollo de la personalidad y realización del proyecto de vida.