El artículo 109° de la Constitución establece: “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su promulgación”. Los códigos, normas procesales y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen plazos para expedir resoluciones judiciales (decretos, autos y sentencias). Los magistrados jueces y fiscales lo conocen desde que eran estudiantes de Derecho y reiteradamente han jurado cumplir con la ley. No obstante, existe dilación en la administración de justicia que perjudica a millones de justiciables. Antes los magistrados “la atribuían” a la “carga procesal” generada por ellos; ahora la excusa es la pandemia de la covid-19 que ha determinado para los jueces y personal judicial, la “suspensión imperfecta de labores” pero cobran el integro de sus remuneraciones y hasta “gozan de vacaciones”. Recientemente se les “permite” trabajar a distancia y concurrir por horas algunos días de la semana a sus despachos judiciales. Pese a reclamos no concluyen los juicios sobre alimentos, laborales, civiles, jubilación, etc. Los locales judiciales están cerrados. Es alarmante la dilación en causas penales causando virtualmente “protección” a los delincuentes. ¡Es un verdadero problema nacional!

Son hechos concretos: los escritos no son proveídos en el plazo pertinente, no se cumple con notificar oportunamente a las partes, pasan meses sin emitirse sentencias, no elevan los expedientes a la instancia superior si hay recursos impugnatorios; más grave aún, expiden escasas sentencias en todas las instancias judiciales. Son pocas las audiencias “a distancia”. Si hay queja ante la ODECMA, las tramitan “lentamente” y “concluyen” excusando a los magistrados quejados “aplicando” la “racionalidad”. Total, los órganos jurisdiccionales y los de control no tramitan las solicitudes oportunamente. Es evidente la paralización amparándose el su independencia y exclusividad para administrar justicia, escudo que “impide” reclamar por el daño causado a los justiciables. Resulta alarmante la dilación en tramitar los expedientes. Obviamente es responsabilidad de magistrados jueces y fiscales e institucionalmente del Poder Judicial y Ministerio Público. ¿Han colapsado?

El Poder Legislativo puede y debe adoptar medidas legales imprescindibles para evitar la alucinante dilación en la administración de justicia promulgando leyes estableciendo responsabilidades personales administrativas, civiles y penales a jueces y fiscales de todos los niveles que no cumplan con expedir las resoluciones en los plazos pertinentes en procesos judiciales a su cargo. También debe normarse que los órganos de control no dependan del Poder Judicial o el Ministerio Público. ¡No evidencian confianza!
Sobre el funcionamiento de la administración de justicia, ¿Qué opina la sociedad?

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