Cada cierto tiempo nos preguntamos para qué sirve las Naciones Unidas, institución que cuenta con un presupuesto anual de 3100 millones de dólares y tiene 44 mil empleados, distribuidos en 193 países.

Lo decimos porque cada vez son mayores las demostraciones de su incompetencia, flagrantes contradicciones o apañamiento anético a regímenes que hacen tabla rasa de los principios rectores de la organización y que, en lugar de ser sancionados por esa inconducta, son recompensados, nombrando a sus agentes diplomáticos supervisores y garantes de los actos ilícitos que cometen sus gobernantes. Esta parodia de barbarie diplomática la podemos dividir en tres actos:

Acto uno. El 18 de junio del 2019, a pedido del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la alta comisionada, Sra. Michell Bachelet, viajó con un equipo técnico a Venezuela. Su dictamen fue lapidario: acusó al gobierno y grupos paramilitares de 7 mil asesinatos, torturas, encarcelamiento de opositores, falta de alimentos y medicinas, así como vulneración de la libertad de prensa.

Acto dos. En respuesta a esas graves imputaciones, cuatro meses después, el 17 de octubre del 2019, representantes de 105 países eligieron a Venezuela miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, el verdugo denunciado por las Naciones Unidas resultó premiado por las propias Naciones Unidas ante el silencio sepulcral de las cancillerías latinoamericanas –entre ellas la del Perú– y de la propia comisionada Bachelet quien, por dignidad, debió renunciar en protesta ante esa afrenta a su trabajo; pero, al parecer, mucho más pesó los emolumentos que percibe.

Acto tres. El 15 de septiembre del 2020, otra vez a solicitud del Consejo de Derechos Humanos, una misión de expertos de la ONU presentó un patético informe de 443 páginas, sosteniendo que “las autoridades y fuerzas de seguridad venezolana han planificado y ejecutado graves violaciones a los derechos humanos”, agregando que los asesinatos y torturas cometidos constituyen “crímenes de lesa humanidad”. El reporte concluye recomendando a “la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que tenga en cuenta las necesidades de las víctimas para que se haga justicia oportunamente”. Esa sutil sugerencia constituye una severa llamada de atención a los magistrados de la CPI, que mantiene archivados desde hace una década gravísimas denuncias imputadas a los gobiernos de Chávez y Maduro.

Esa alarmante lentitud, empero, no sería producto de negligencia o apatía burocrática, sino resultado de una siniestra vinculación de la fiscal general, Fatou Bensouda, con altos líderes chavistas. Lo prueba que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, sancionado por 42 países por violar los derechos humanos y prohibido de ingresar a territorio europeo, fue especialmente invitado al vigésimo aniversario de la CPI, donde dictó conferencias y se fotografió sonriente al lado de la cuestionada fiscal general, hecho que puede explicar por qué hasta la fecha la CPI no envía investigadores a Venezuela.

En este contexto desgraciado, ahora Cuba será distinguida con un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el voto del Gobierno peruano. ¿Será en compensación por los sesenta años de dictadura o por suministrar inteligencia represiva al régimen chavista? ¿O será porque nuestra Cancillería sigue la diplomacia del rebaño, que involucra a un bloque de gobiernos de oscura y sinuosa trayectoria política, que consideran que las palabras democracia y libertad son expresiones vacuas o términos que se aplican selectivamente y no en función de principios consagrados en las actas fundacionales de los organismos multilaterales ?

No lo sabemos –por ahora – pero conmueve observar tanta indolencia y complicidad. Volver a insuflar vida al hoy atrofiado Grupo de Lima, admirable creación diplomática de Torre Tagle, que logró concertar a 60 países en un pacto por la democracia, debe ser un objetivo a corto plazo para neutralizar la consolidación o expansión de dictaduras en el hemisferio.