La economía crece y la moral se desploma…
La economía crece y la moral se desploma…
Cuando el desborde delincuencial en las calles llega a provocar terror en la población y la inseguridad se apodera de todos, cuando el crimen campea a diestra y siniestra controlando la vida y la economía de los emprendedores del país casi a vista y paciencia de las autoridades, cuando las actividades ilegales imponen sus condiciones y hasta infiltran, por no decir controlan, el ámbito político y social, cuando el desborde de la corrupción se materializa con más de siete mil millones de dólares anuales que se sustrae de las arcas del Estado, cuando la población percibe un enorme vacío de poder, de negociaciones cuestionables en el plano político, de la falta de rumbo; y, a la vez, a pesar del empobrecimiento general, advertimos que el país crece económicamente más que otros países de la región mostrando un nivel macroeconómico muy sólido, el desconcierto popular tiene su lógica cuando se traduce en un desencanto, rechazo y hasta repulsa por su clase política, pero, a la vez, en una esperanza que se ve en el esfuerzo creador y emprendedor de cada peruano para prosperar; cuando todo esto está ocurriendo en nuestras narices, nadie intenta darnos una respuesta coherente y mínimamente integral.
Lo cierto es que tal escenario muestra una cruel dicotomía: la corrupción y el crimen que desmoronan moralmente a la Nación y un crecimiento económico que ya no se sabe si se sustenta en emprendimientos legales o ilegales. Se impone la necesidad de poner orden y, en primer lugar, recuperar la autoridad moral al punto que sea manifiestamente visible para la población desde la más alta cúpula del poder, porque, de lo contrario, como todo lo malo se imita, la inmoralidad se proyectará y enseñoreará desde lo más alto hasta los niveles básicos de nuestra sociedad.
En nuestra columna de la semana anterior analizamos la relación entre justicia y paz dentro de un marco de legalidad en un Estado Constitucional de Derecho. Todos sabemos que las leyes emanan del Legislativo, aunque hay también normas de menor rango que provienen del Ejecutivo, pero que, para producir sus efectos de paz social con justicia, requieren de un sistema de justicia impoluto, imparcial, independiente y que muestre la eficacia de sus decisiones en la realidad, la cual, a su vez, le debe conceder legitimidad, la que hasta ahora la población se la deniega.
Hay dos desafíos para poner en marcha un proceso de moralización y de justicia: el indispensable esclarecimiento del asesinato de la joven abogada presuntamente vinculada a una red de prostitución en el Congreso de la República y la determinación de si esa red compraba o no votos de congresistas; el otro desafío es el establecimiento de responsabilidades por el nefasto acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht, en el cual existen un mundo de indicios de instrumentalización del sistema de justicia para perseguir a unos y encubrir a otros, y el perjuicio económico que sin ningún rubor se pactó en contra del país.
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