La Constitución norteamericana es fruto de los debates de la Convención de Filadelfia de 1787, por lo que no señala, entre otras cosas, ningún precepto que desarrolle la protección de la intimidad de los ciudadanos en sus redes sociales. Posiblemente algún político latinoamericano propondría una reforma constitucional para ‘modernizar’ su texto, pero en realidad no es necesario, porque la Corte Suprema federal interpreta asignando un contenido normativo a cada artículo constitucional, de forma que la Corte ‘le da voz” a la Constitución, aplicando los principios y valores que sostienen la inviolavilidad del correo que iba en las alforjas del caballo a la complejidad tecnológica de las plataformas digitales del internet. Solo así se pudo determinar en qué condiciones las agencias de inteligencia podían intervenir las cuentas de los sospechosos de terrorismo, luego del derribo de las Torres Gemelas.

Por supuesto, los conservadores propugnaron el otorgamiento de mayores facilidades a los investigadores, mientras que los liberales se resistieron a reducir los derechos de los investigados. No fue un caso exclusivamente técnico-jurídico, sino también político-ideológico. Al margen de la solidez de su formación jurídica, la tendencia de cada juez importa y la sentencia gradúa las condiciones para la intervención según el equilibrio ideológico y el consenso político alcanzado en la Corte Suprema. Por eso, el Presidente norteamericano es quien propone como nuevo juez supremo a un jurista cercano a su tendencia ideológica y el Senado lo ratifica, previa audiencia de control político.

Cuando se vuelve a debatir cómo elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, sorprende leer propuestas que evidencian desconocimiento de la naturaleza política y jurídica de la Constitución. Los primeros puestos de un concurso público, peor aún si incorpora un examen de conocimientos, podrían ser ocupados por socialistas o conservadores, y el organismo supuestamente imparcial que los seleccione nos podría entregar un grupo de juristas “estudiosos”, pero divorciados de las principales corrientes del pensamiento que existen en la sociedad. Un Tribunal Constitucional elegido sin tener en cuenta el talante político de sus miembros, puede entregarnos una Constitución ajena e impredecible; desafiando la voluntad del Poder Constituyente que la inspiró y redactó, y provocando con ello la deslegitimación del régimen en su conjunto.

Es el Congreso quien debe seleccionar a los nuevos magistrados implementando un concurso público de méritos que permita seleccionar a los 15 o 20 puntajes más altos para que sea el Pleno quien vote por los 6 finalmente elegidos, cuidando de mantener un equilibrio político al interior del TC que permita una lectura moderada de nuestra Constitución.