La condición de transparencia se posee cuando una entidad es capaz de dar información con claridad, de manera accesible a los ciudadanos y sin maquillajes que generen incertidumbre. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “es uno de los elementos que fomenta la confianza, reduce los conflictos de interés y limita la posibilidad de que surjan nuevas desavenencias sociales”.

A pesar de que el concepto se esbozó en algunos códigos de la Edad Antigua, es en el siglo XVIII cuando filósofos como John Locke y Jean-Jacques Rousseau promovieron la noción de transparencia al fomentar que el conocimiento y la información estén disponibles para todos y no solo para unos privilegiados, y así evitar los abusos de autoridad. En el mismo siglo, se proclamaron principios relativos a la transparencia en medio de la Independencia de los Estados Unidos y en diferentes escenarios de Europa, como en Suecia, cuya Acta de Libertad de Prensa prescribe el derecho a solicitar información al gobierno y recibirla gratuitamente o a un costo mínimo.

A fines del siglo XX, la transparencia empezó a cobrar más relevancia. De esta forma, se convirtió en un valor clave para promover la rendición de cuentas por parte de los gobiernos, y asegurar la participación ciudadana en la toma de decisiones. El artículo 2, numeral 5 de la Constitución Política del Perú, señala que toda persona tiene derecho a “solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido”.

El sector pesquero no es ajeno a esta necesidad, ya que precisa una participación activa de todos los actores, y la transparencia en la gestión como mecanismo de rendición de cuentas. Nuestras autoridades toman múltiples decisiones basadas en la mejor información científica disponible, y es nuestro derecho conocer cómo se están adoptando, qué se está haciendo y con qué base.

Problemas tan graves como la pesca ilegal, pueden acrecentarse ante la falta de transparencia, pero afortunadamente existen esfuerzos alrededor del mundo y la región para “iluminar el mar” y dotar de mayor visibilidad a estas actividades. Global Fishing Watch (GFW) permite ver las conductas de miles de embarcaciones en el mar. En Latinoamérica, muchos países vienen compartiendo información satelital sobre sus embarcaciones y el Perú fue el primer país de la región en hacerlo.

Por otro lado, en el campo del manejo pesquero tenemos esfuerzos recientes, como la Iniciativa de Transparencia Pesquera (FiTI, por sus siglas en inglés), que promueve la implementación de su estándar por parte de los gobiernos y define un mínimo de información que debe exhibirse públicamente, para poner en evidencia cómo se maneja el sector.

En ese sentido, involucra normativa pesquera, permisos de pesca, estado de los stocks, pesca de mayor escala, de menor escala y artesanal, poscaptura y comercialización, cumplimiento de normativas pesqueras y laborales, subsidios, cooperación internacional y beneficiario final. Ecuador, Chile, México, Costa Rica y Panamá ya avanzaron en su compromiso para implementar este estándar; lo que les permite un reconocimiento internacional y del mercado global, lo que garantiza su continuidad.

Perú va un paso atrás por un errado concepto de la Cancillería que lejos de facilitarnos ser partícipes de esta virtuosa tendencia, nos aleja y aísla. Estamos en la era de la transparencia. El país no puede quedar fuera porque podría poner en riesgo esta actividad que genera miles de puestos de trabajo, provee seguridad alimentaria y combate a la pobreza.

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