Existen comportamientos humanos en los que es difícil trazar una línea divisoria entre lo que es una falta moral y un delito. Esto se debe a que el delito, entendido como hacer lo prohibido u omitir el mandato de carácter jurídico, tiene sustento en una regla moral. Por ejemplo, no acabar con la vida de un ser humano o dejar de alimentar a nuestros hijos si estos son menores de edad. En ese contexto, el delito de falsedad, entendido como aquel acto doloso e intencional de cambiar la realidad o de ocultarla, puede configurar un tipo penal específico, como es el caso de la falsedad genérica, que para llegar a trascender debe haber ocasionado un perjuicio.

La falsedad también puede formar parte de otros tipos penales en aquellos casos en los que se infringe el deber de veracidad, como sucede con los delitos de falsa declaración durante un proceso judicial o un procedimiento administrativo. También puede ser parte configurativa de otros delitos en los que deja de ser el aspecto nuclear y configura un medio o a veces un elemento secundario, como sucede en las defraudaciones tributarias o aduaneras. Sin embargo, la falta a la verdad en el ámbito de la función pública -donde además deben primar deberes de veracidad y transparencia- puede ser un indicio de actos colusorios, negociaciones incompatibles, cohecho o enriquecimientos ilícitos.

Se puede afirmar que existe un punto de encuentro y coincidencia entre infringir la regla moral y cometer un delito. Pero ¿qué sucede cuando esta falsedad se presenta en un contexto como el que vivimos hoy, donde el objeto del ocultamiento eran las vacunas que pudieron inmunizar a quienes estaban en primera línea luchando contra la pandemia a costa de su salud y de sus propias vidas? ¿Qué hay de las familias de estas personas? A estas interrogantes hay que sumarle dos temas no menores. El primero, el correlato de un discurso político que concientizara la espera paciente de las vacunas que iban a inmunizar a nuestros ciudadanos. El segundo, cómo este hecho fue determinante para la adquisición de cierto lote de vacunas a una determinada empresa, pero cerrándole las posibilidades a otras que podían tener mejor calidad o costo.

Es indudable que no solo se quebraron normas ético sociales, sino también deberes funcionales generales y especiales. Pero principalmente se afectó a la Constitución, en tanto responsabilidad de velar por los derechos fundamentales y la vida de todos los ciudadanos de este país. Definitivamente, esta situación anormal abre las puertas para un juicio político por infracción constitucional. Si para esta conducta existió una concertación y, lógicamente, una organización, puesto que debió haber una cabeza que liderara y decidiera quiénes iban a ser vacunados y la finalidad última de esta solidaridad grupal, entonces estamos ante posibles actos delictivos que no son de naturaleza individual y aislados, sino más bien coordinados.

La trascendencia jurídica de esta falsedad es notable porque no solo se ocultó el hecho de una vacunación con privilegios, sino también mostró la cruda realidad de que la vida y el sufrimiento de muchos de nuestros compatriotas es prácticamente insignificante para las autoridades de turno.