Alrededor de 8 millones de personas no cuentan con acceso al agua potable en nuestro país. La falta de este recurso compromete el desarrollo de las personas e impacta gravemente en su dignidad pues también se constituye en una barrera para el ejercicio de derechos básicos al no contar con este servicio en hospitales, postas médicas, colegios y mercados, entre otros. El caso más problemático se presenta en la capital, Lima, donde alrededor de 1.5 millones de peruanos no cuentan con este servicio.

La falta de acceso a este servicio básico se constituye en una problemática de urgente atención sobre todo en los asentamientos humanos donde niños, madres gestantes, adultos mayores y personas con discapacidad son los principales afectados por su condición de alta vulnerabilidad. Además, pone en evidencia la desigualdad existente en una Lima de todas las sangres, pero donde no todos tienen las mismas condiciones de vida, producto de, entre las diversas causas, la migración de las provincias que nos ha llevado a un proceso acelerado de urbanización desordenada e informal en zonas áridas propias de esta zona costera.

En reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha ratificado la importancia del acceso al agua potable como un derecho fundamental, hoy tipificado en el artículo 7A de nuestra Constitución Política, siendo que cualquier impedimento constituye una vulneración a este derecho, estando el Estado obligado a garantizarlo de manera progresiva priorizando el consumo humano. Esta obligación de garantía además comprende el acceso, la calidad y la suficiencia. En ese sentido, la políticas públicas así como las normas y los procedimientos que posibiliten su suministro condicionan la relación Administrador- Usuario.

Ahora bien, no debemos dejar de lado la importancia de una buena ejecución de gasto en materia de inversión pública para el abastecimiento de agua potable. Al respecto, es importante considerar las recomendaciones emitidas en el Informe Defensorial Nro. 170 que recalca la importancia de la intervención del Ministerio de Vivienda y Construcción en el monitoreo y seguimiento en la ejecución de las obras de infraestructura en materia de saneamiento, la responsabilidad de los gobiernos regionales de evaluar “la elección de la modalidad de administración directa para la ejecución de los proyectos de agua y alcantarillado, así como los montos de inversión comprometidos, la capacidad técnica y el registro de Banco de Proyectos del SNIP y en el SOSEM, entre otros,

Finalmente, resulta muy importante destacar la importancia de la intervención de la Contraloría General de la República en cuanto a difundir sus competencias legales y las labores de control que lleva a cabo respecto a actos de corrupción, así como el necesario control ciudadano en la ejecución de obras públicas.

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