Muchas veces cuestionamos la tarea de fiscales y jueces por el retardo en la tramitación de investigaciones y procesos sin darnos cuenta que, si bien muchos incurren en indolencia o negligencia funcional en sus despachos, siempre hemos obviado la identificación de los verdaderos responsables que son los que ejercen el gobierno institucional, desde donde deben garantizar que las dos vertientes de gestión funcionen armónicamente: la administrativa desde donde se aplican recursos escasos a una previa planificación y organización con un estricto control de resultados; y la funcional, que debe nutrirse de su interacción con la administrativa, pero que exige un severo control de calidad profesional en función también de resultados en la confianza de la población.

Esto se ha hecho evidente con el extraño comportamiento de la señora fiscal de la Nación frente a los actos de los fiscales provinciales que investigan actos de corrupción vinculados a Odebrecht y al Club de la Construcción, específicamente, al surgir de este ya famoso club corruptor, imputaciones directas contra el presidente de la República por dos presuntas coimas millonarias.

Olvidó la señora fiscal de la Nación que lo que se investiga son hechos que se producen en un espacio, tiempo y circunstancias, mediante actos de sujetos que actúan individual o colectivamente a quienes se conoce como partícipes con diferentes niveles de responsabilidad. Si el hilo conductor de la investigación se va convirtiendo en una madeja compleja, todo lo que va apareciendo debe irse acumulando al proceso de conocimiento del que conduce esta investigación y no fragmentar la madeja duplicando actos de investigación, encareciendo costos de la misma, poniendo en peligro la unidad de criterios y la solidez de la interpretación del hecho en su conjunto.

Cuando la fiscal de la Nación sustrae al presidente de la República de la investigación, ya está entorpeciendo ésta porque seguirán apareciendo elementos de convicción sin respuesta en el presente por parte del Presidente, cuando lo que cabe es incorporar a éste a la investigación y si él quiere se defenderá o no, para que, en su momento, al formularse acusación, el fiscal a cargo solo se reserve el pronunciamiento sobre el presidente.

Lo peor vino luego cuando la fiscal de la Nación, por ambigüedad u omisión, está generando conflictos entre sus fiscales por una casi segura fragmentación de la investigación. Como órgano máximo de gobierno institucional, la Fiscalía de la Nación debe actuar con decisiones expresas, claras y concretas evitando confusiones.