Frente a los últimos acontecimientos que se vienen produciendo en el Perú, como consecuencia de las decisiones y del proceder de la autoridad gubernamental, léase presidencia de la república y su consejo de ministros, es inevitable tener que ocuparnos, nuevamente, en llamar la atención a la representación congresal, para que cumpla con sus funciones.
Pues, las últimas denuncias periodísticas que estamos conociendo, respecto a los criterios que se han aplicado para la compra de las vacunas contra la covid-19, más allá de ser ciertas o no, si tomamos en cuenta lo manifestado luego por parte de la autoridad competente, tratando de explicar que no hubo exactitud en la información, termina por crear desconcierto e incertidumbre dentro de la población peruana que todos los días convive con esta terrible pandemia.
El común de las personas, en especial aquellas que sus limitaciones sociales y económicas no le permiten avizorar una efectiva atención del gobierno de turno, para ser inmunizada adecuadamente contra el flagelo del coronavirus, no merece convertirse en conejillo de indias, o laboratorio de experimentación de los desaciertos gubernamentales.
La falta de planificación y criterio gerencial, en el manejo de la administración del Estado es lo que evidentemente está generando este cúmulo de situaciones anómalas que no permite que el común de las gentes tenga la seguridad de confiar en las decisiones del gobierno central.
Por lo tanto, si tomamos en cuenta esa realidad en la que todos estamos comprendidos, nos vemos en la obligación de recordar a quienes actúan en nuestra representación, para que, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones, actúen con la rapidez y eficacia que el momento lo exige.
Si bien es cierto que el Congreso tiene como función principal el de legislar, no es menos cierto que es competente para, en el ejercicio de su función de control político, haciéndose eco de la preocupación ciudadana, actuar de inmediato, exigiendo a quien corresponda, nos diga la verdad de lo mucho o poco de lo que se dice.
Los informes periodísticos, en la práctica, están cumpliendo la función que, formal y legalmente le corresponde al Parlamento Nacional, cuando sacan a relucir en sus programas, datos y cifras que desmienten la información oficial que se deja escuchar a través del jefe de Estado o de algún integrante de su gabinete ministerial.
Para evitar seguir viviendo dentro de este panorama de desconcierto e incertidumbre, hace mucho rato que el Congreso de la República debió haber convocado, no solo para pedir cuentas, sino para interpelar a los ministros que, de alguna forma, tienen que ver con la manera como se está trabajando la lucha contra el coronavirus.
La falta de oxígeno para atender a los afectados, la escasez de camas UCI y, ahora, las dudas sobre la efectividad de las vacunas compradas, exige que los directamente responsables en atender estos problemas relacionados con la covid-19 tengan que dar cuentas al pueblo peruano, a través de sus representantes en el Congreso.
Esa es, por ahora, la más inmediata decisión que el Parlamento Nacional debe tomar y, de ser necesario, identificada la autoridad ministerial responsable, decidir sobre su censura para que se le remueva del cargo.