La gestión de gobierno sin nueva Constitución

La gestión de gobierno sin nueva Constitución

Vamos cinco meses de un innecesario y estéril debate entre el Ejecutivo y el Legislativo y, lo que es peor, con la intervención de algunos pocos, que se dicen especialistas en materia constitucional, quienes quieren encontrar la cuadratura del círculo, tratando de darle una interpretación constitucional a las disposiciones de la Carta Política, respecto a su reforma, leyendo la Constitución a medias o, en su defecto, sin tomar en cuenta que cada artículo de la norma fundamental no se puede interpretar aisladamente, sino en atención al contexto integral que lo comprende y del cual forma parte cada disposición constitucional.

Se ha llamado la atención hasta la saciedad, y el Congreso ha tenido que aprobar una ley para evitar que se siga pretendiendo violentar las normativas que regulan el procedimiento de reforma constitucional; y, a pesar de todo ello, siguen sin darse cuenta o no hay intención de respetar lo regulado en la Carta Magna vigente en el Perú, y continúan caminando por el camino equivocado.

Nos puede gustar o no lo que contiene la actual Constitución y, asimismo, la fuente de inspiración ideológica que diera lugar a la misma, pero aquellos que continúan promoviendo la existencia de una nueva, vía asamblea constituyente, no se percatan o no se dan cuenta que la solución a la gran variedad de problemas que tiene nuestra Patria no está en la norma jurídica, sino en las decisiones de gobierno, de ayer y de hoy. Así que dejemos de culpar a las leyes por la incapacidad o falta de idoneidad para gobernar y, en su lugar, hay que comenzar a gestionar con responsabilidad, probidad y planificación.

Lo que el pueblo peruano quiere, de verdad y oportunamente, es que le solucionen sus problemas. A este respecto, la inquietud siempre es el ¿cómo?; eso es lo que hay que trabajar. Y, para ello, no se necesita imponer una concepción ideológica, la cual el pueblo no conoce ni menos entiende.

Esta es la razón por la que, equivocadamente, se pretende que suceda lo mismo en el Perú, promoviendo la existencia de una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente, cuando se refieren al caso de Chile y su reciente Convención Constituyente; pues, se olvidan los que así lo promueven que, con esa misma Constitución que mandó preparar el general Pinochet, por cierto con modificaciones, y que tiene hasta la fecha más de cuarenta años de vigencia, han gobernado presidentes de posiciones ideológicas totalmente diferentes (recordemos el caso de la Sra. Bachelet y el Sr. Piñera, ambos con dos periodos de gobierno). Si el pueblo chileno tiene problemas no atendidos no es por culpa de su actual Constitución, sino por las decisiones de gobierno no adecuadas ni oportunas y que la mayoría del pueblo chileno reclama.

En consecuencia, ya es momento de poner punto final a tanta discusión demagógica, involucrando a la ciudadanía en una vivencia de desconcierto, para dar paso a decisiones concretas y que se viabilice su ejecución.

El poder constituyente como facultad originaria del pueblo para darse un ordenamiento jurídico fundamental o constitucional es un derecho y, como tal, dentro de un Estado de Derecho, se encuentra regulado por la norma fundamental; en consecuencia, no se puede engañar a la población, induciéndola a pensar que el ejercicio de este derecho puede darse a través de una consulta popular de referéndum.

Como lo vengo señalando reiteradamente, de acuerdo a lo previsto en la Constitución y en la Ley 26300 que regula el uso del referéndum, éste sólo puede ser aplicado para confirmar una reforma constitucional, previamente aprobada por el Congreso y, por si acaso, siempre y cuando la propia ciudadanía lo haya solicitado.

Esto es, si la población no lo pide, simplemente, ya no hay razón para que el Jurado Nacional de Elecciones convoque a referéndum y, por lo tanto, tampoco hay reforma constitucional.

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