La guerra política interna tiene que ser frenada en seco. No puede ser posible que las intemperancias ideológicas y partidarias pongan en grave riesgo la ya precaria estabilidad interna en un año clave como el de la cumbre de APEC.
La semana pasada abortaron tres mociones de vacancia presidencial presentadas por extremistas de izquierda que no entienden que los procesos contra la presidente Boluarte deben conducirse a través de los mecanismos políticos congresales regulares y que, de probarse responsabilidad, deberán tramitarse judicialmente cuando termine su período el 2026.
No se trata de defender ciegamente a la sucesora de Pedro Castillo, sino de impedir que el país caiga en el barranco de elecciones adelantadas para las que no estamos preparados porque no se ha terminado de revisar las normas electorales y tampoco se ha hecho los cambios en las cuestionadas autoridades del JNE y el Reniec.
El intento de suicidio político no se restringe, sin embargo, solo al caso presidencial. También está en curso un golpe de estado blando en los vergonzosos enfrentamientos en la JNJ y el Ministerio Público. La Junta se resiste a morir pese a su falta de legitimidad y la sanción ya aplicada a dos de sus miembros. Y la fiscalía está enfrascada en una lucha intestina que opone a funcionarios aliados del caviaraje contra los leales a la Constitución; y en el camino están comprometiendo procesos delicados, manipulando pruebas, festinando trámites, comprometiendo a jueces a quienes lanzan contra la autonomía congresal y contra el Tribunal Constitucional.
Inclusive se ha determinado cómo la Diviac efectivamente era una policía política a órdenes de fiscales vinculados a los intereses políticos de la ONG IDL y de una mafia que todavía sigue enquistada a órdenes de quienes han convertido a la fiscalía de la nación en catapulta que pretende arrasar a todos aquellos que se opongan a la posición de capitostes intocables como Gustavo Gorriti y sus patrones financistas del exterior.
Además se ha comprobado, a partir de denuncia precisas y cotejos con la realidad, cómo es que jueces y fiscales estaban aliados con un amplio sector de la prensa a la cual le brindaban material reservado de procesos de investigación reservados a cambio de publicidad y protección política. Es decir una forma de prostitución mediática.
Todo esto requiere ser denunciado e intervenido. La reforma del sistema judicial no debe tardar y tampoco la lucha contra el golpismo desbocado.

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