Hay momentos culminantes en la historia de la naciones en los cuales resultan inevitables las decisiones drásticas. Hoy estamos en la obligación constitucional de rescatar a la patria de una dictadura corrupta aliada con el narcotráfico, la corrupción sistemática y la conspiración internacional del socialismo del siglo XXI.

El gobierno de Castillo premeditadamente ha entrado en una fase de acelerada destrucción de las instituciones republicanas porque está poniendo cargas de dinamita para hacer que el Estado se derrumbe desde sus estructuras básicas.

El cuarto Gabinete que preside Aníbal Torres es una cachetada a los peruanos porque además de errático incluye a personajes inefables como el ministro de Salud, literal vendedor de sebo de culebra, o “agua arracimada”.

Con personajes como esos, y todos aquellos otros que están siendo infiltrados sin tener ningún merecimiento salvo su ideología radical, la administración pública se destruye sin posibilidad de una sana y estable gobernabilidad.

A eso se suma la corrupción, cuya desmesura nos obliga a reiterar la frase de González Prada “donde se aprieta el dedo brota la pus”. La lista de los investigados incluye desde el mismísimo Castillo, sus operadores palaciegos y la vicepresidenta Boluarte, hasta truhanes que roban el dinero público como pirañas, sin que exista un Ministerio Público mínimamente eficiente ni una procuraduría libre de las manipulaciones gubernamentales.

En otro plano decae la lucha contra el narcotráfico, se promueve la construcción de aeropuertos que serían parte de la ruta de la droga (Orcotuna y Pichanaqui) y encima se anuncia la profundización de relaciones con la tiranía venezolana dominada por el Cartel de los Soles. Entre tanto, es incuestionable que el G2 cubano y otros servicios de inteligencia extranjeros están operando agresivamente en el Perú.

Frente a eso, el bloque democrático legítimamente anuncia una segunda moción de vacancia como recurso constitucional, pero el Gobierno se aleona, grita “golpe”, amenaza con disolver al Congreso y hasta lanza turbas contra dirigentes opositores. Además avanza la posibilidad de liberar a Antauro Humala y poner en la calles a sus sicarios como guardia de choque del gobierno.

En este contexto urgente no queda alternativa. O el pueblo y sus líderes de partidos y colectivos anticomunistas se unen y toman las calles y ejecutan cuanto antes una huelga nacional absolutamente radical, o el régimen nos pasa por encima y destruye a la patria sagrada en un esquema similar a lo que están haciendo los extremistas en la asamblea constituyente de Chile.

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